El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció el lunes un plan con el que busca evitar la infiltración del narcotráfico en sus filas rumbo a los próximos comicios presidenciales, luego de que en los últimos meses algunos sectores han manifestado sus preocupaciones de que el crimen organizado interfiera en el proceso electoral.

El plan del partido PRI, que encabeza las encuestas para los comicios presidenciales de julio, considera solicitar a las autoridades federales informes sobre si sus precandidatos a cargos populares tienen antecedentes penales o son investigados por hechos delictivos.

También incluye la creación de una comisión interna que vigilará que el financiamiento no sea ilegal.

Cuando se determine que algún precandidato o aspirante está vinculado con el crimen organizado se le negará o cancelará su registro, además de que sería denunciado ante las autoridades competentes, informó en rueda de prensa el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.

El PRI es el primer partido político que formalmente anuncia un plan para buscar un blindaje a la interferencia del narcotráfico.

Jorge Chabat, experto en temas de narcotráfico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo a la AP que si bien son pasos positivos, las medidas anunciadas por el PRI "no garantizan al 100%" que el narcotráfico no se infiltre.

"Muchas veces si alguien se involucra en actividades ilícitas, no necesariamente tiene antecedentes penales. Sería más eficiente si aplicaran exámenes de control de confianza", dijo el académico en referencia a diversas pruebas (incluidas de poligrafía) que actualmente se hacen en corporaciones policiales para depurarlas.

Coldwell dijo que el plan será propuesto esta semana al Consejo Político Nacional del Partido, un órgano que reúne a miembros de diversos sectores, gobiernos estatales y el congreso.

"Al PRI le interesa contar con candidatos de probidad y que cuenten con financiamiento legal", dijo Coldwell.

Refirió que la comisión que se propone que vigile el financiamiento de las campañas del PRI también va a solicitar las declaraciones patrimoniales a cada precandidato, quienes también deben manifestar por escrito, "bajo protesta de decir verdad", que no tiene vínculos con el crimen organizado.

"Los hechos demuestran la necesidad de blindar lo más pronto posible las elecciones de 2012, para protegerlas de la injerencia del crimen organizado, del dinero ilícito y de la violencia", señaló Coldwell.

Chabat consideró que los partidos deberían considerar aplicar pruebas de control de confianza al menos a algunos de los principales candidatos, incluidos los aspirantes a la presidencia, a gobernadores y a legisladores federales, lo cual incluso les podría redituar a su favor.

"Si algún partido quiere ganar votos podría anunciar que sus candidatos a los puestos más importantes están certificados con controles de confianza y polígrafos", dijo.

Varias zonas de México se han visto afectadas en los últimos años de la violencia atribuida al narcotráfico y el crimen organizado, que incluso ha sido señalado de atentar contra algunos candidatos y de intentar influir en los resultados de comicios locales.

En 2010, el candidato del PRI y favorito para ganar la gobernación del estado norteño de Tamaulipas, Rodolfo Torre, fue asesinado presuntamente por miembros del crimen organizado, aunque hasta ahora no se ha esclarecido uno de los crímenes de más alto impacto relacionado con algún candidato.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha llamado en los últimos meses a todos los sectores del país a "cerrar filas" para evitar cualquier interferencia del crimen organizado rumbo a los comicios presidenciales de julio.

Autoridades federales han señalado que el narcotráfico buscó influir en los resultados del proceso electoral para renovar el gobierno del estado occidental de Michoacán, otro de los lugares afectados por la violencia de los carteles de las drogas.

Como ejemplo, el gobierno ha citado que la víspera de los comicios de noviembre el crimen organizado divulgó un desplegado en una diario local de la municipalidad de La Piedad, para amenazar a simpatizantes del oficialista Partido Acción Nacional (PAN).

El candidato del PRI, Fausto Vallejo, ganó las elecciones a gobernador de Michoacán, aunque sus rivales impugnaron los resultados y han denunciado que el narcotráfico operó a favor de aquel partido, que ha negado esos señalamientos.

En segundo lugar quedó Luisa María Calderón, candidata del PAN y hermana del presidente.

El PRI, que gobernó de manera ininterrumpida México de 1929 al 2000, aparece en diversas encuestas como favorito para recuperar la presidencia en las elecciones del 1 de julio.