Si en 1998, cuando el nombre de Baltasar Garzón saltó a las portadas de los diarios de medio mundo por su intento de detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet, alguien hubiera dicho que el magistrado español acabaría sentado en el banquillo de los acusados nadie lo hubiera creído.

Pero Garzón, una figura de prestigio internacional odiada y amada casi por igual en España, será juzgado en sendas causas a partir del 17 y el 24 de enero por el delito de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta.

Uno de los procesos está relacionado con su intento fallido de investigar los crímenes de la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). El otro, referido a una investigación sobre una red de corrupción en la administración pública.

Garzón no enfrenta una condena de cárcel. En ambos casos se solicita un período de inhabilitación para ejercer como juez de al menos 20 años.

¿Será este el final de la rutilante carrera de Garzón? Es más que probable, al menos en España.

"Parece que a la justicia no le gusta la justicia", dijo el abogado chileno Eduardo Contreras, el primero en presentar una querella contra Pinochet en representación del Partido Comunista. "Me parece un síntoma impensable de barbarie en la Europa de hoy que se pretenda juzgar a un juez por ejercer su profesión", agregó.

Garzón, de 56 años, estuvo 22 años al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, desde el que instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).

También investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina.

Mientras su nombre y su prestigio crecían fuera de España, sus enemigos se multiplicaban en casa.

"Hay un elemento de envidia en todo este caso", consideró José Antonio Martín Pallín, un magistrado retirado del Tribunal Supremo.

"Es sabido que hay sectores muy amplios de la derecha y de la izquierda que consideran que el juez Garzón es un réprobo, que es un mal juez; con el reproche recurrente de que es un juez estrella, que le gusta el protagonismo", añadió Gonzalo Martínez-Fresneda, su abogado defensor en la causa del franquismo.

Los problemas para Garzón comenzaron en 2008, cuando tocó un tema que parece tabú en España: la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Franco.

El magistrado se propuso abrir una gran investigación, en el contexto de crímenes contra la humanidad, sobre la desaparición sistemática de personas del bando perdedor republicano durante el conflicto y la dictadura.

Además, quiso coordinar la apertura de fosas comunes en todo el territorio donde, según el propio Garzón, habría enterradas unas 114.000 víctimas.

El sumario de Garzón provocó un maremoto. Sin apoyos entre sus propios compañeros, el juez abandonó el caso y delegó el asunto de las fosas en tribunales regionales.

Fue el principio del fin.

Un grupo ultra conservador llamado Manos Limpias denunció a Garzón por ignorar conscientemente la Ley de Amnistía de 1977, un texto concebido para restañar las heridas de la guerra civil.

El Supremo aceptó la denuncia, en contra del criterio de la fiscalía, imputó al juez y en mayo de 2010 quedó suspendido cautelarmente de sus funciones.

La imagen de Garzón abandonando la Audiencia Nacional entre lágrimas dio la vuelta al mundo.

"Llama la atención el doble estándar de la judicatura española", consideró el argentino Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que trata de reactivar la investigación del franquismo en Argentina.

Agregó que "no tiene problemas en investigar crímenes de lesa humanidad en América Latina pero sí tiene problemas cuando está vigente el mismo principio para investigar en España", agregó.

El juicio del franquismo comenzará el 24 de enero y el testimonio de Garzón se espera para el 31 de enero o el 1 de febrero.

Antes, el 17 de enero, Garzón responderá por su rol en el llamado caso "Gürtel", que destapó una trama corrupta en las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.

Garzón está acusado de prevaricación por ordenar la grabación de conversaciones telefónicas entre varios acusados encarcelados y sus abogados.

El Supremo también investiga al juez por el mismo delito en otro sumario, todavía en fase de instrucción, sobre la financiación de unos cursos que impartió en Nueva York cuando se encontraba de año sabático.

En los tres casos se siguió el mismo modus operandi. Tres denuncias de acusación popular, aceptadas por el Supremo en contra del criterio de la fiscalía. Algo poco habitual en el sistema judicial español y menos cuando esas denuncias van dirigidas contra un juez. En la última década, sólo dos magistrados han sido condenados por prevaricación.

"Se da la tormenta perfecta contra Garzón", manifestó Martínez-Fresneda. "Creo que no podrá volver a ser juez en la Audiencia Nacional, aunque salga absuelto".

Agregó que "pero él (Garzón) puede que no piense así".

Para muchos analistas y grupos pro derechos humanos, el proceso contra Garzón resiente el principio de justicia universal. En España, por ejemplo, se investigan casos como la matanza de sacerdotes jesuitas en El Salvador durante los años 80.

"Lo que se necesita son jueces con empuje y con valor suficiente para enfrentarse a estos casos", aseguró Martín Pallín.

En los últimos meses, Garzón, inaccesible y reacio a hablar con la prensa, apenas se ha dejado ver por España. Durante varios meses se marchó a La Haya para colaborar con la fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo.

Actualmente trabaja como asesor de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Baltasar Garzón es actualmente un exiliado. Se le ha expulsado de la Audiencia Nacional y se le ha expulsado de España", afirmó Martínez-Fresneda. "Pero mantiene todo su prestigio en el ámbito internacional. Si es condenado espero que no afecte a ese prestigio".

Los juicios serán una buena ocasión para escuchar el parecer del magistrado que hasta ahora ha sido casi hermético, pero siempre dispuesto a defender su inocencia.

"Si tuviera que definir su actual estado de ánimo con una palabra, esa palabra sería tristeza; que él procura disimular, porque es un hombre muy activo y animoso", afirmó Martínez-Fresneda.

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Los periodistas de The Associated Press Federico Quilodrán en Santiago de Chile y Almudena Calatrava en Buenos Aires contribuyeron a este despacho.