La polémica en torno de una ordenanza municipal que prohibe al alguacil local notificar a las autoridades federales cuando está a punto de liberar de la cárcel a un inmigrante sospechoso de estar en el país sin autorización tomó vuelo después que el presunto culpable en un accidente de tráfico fatal desapareció tras salir en libertad bajo fianza.

Al conocerse que Saúl Chávez, un inmigrante ilegal, está desaparecido desde que su familia pagó la fianza, el principal funcionario de inmigración del país y la presidenta municipal del condado de Cook, que incluye a Chicago, se han enfrentado en torno a la ordenanza aprobada en septiembre.

"Esta ordenanza socava la seguridad pública en el Condado de Cook y obstaculiza la capacidad de )la policía de inmigración y aduanas ICE) de aplicar las leyes de inmigración de la nación", escribió el director de la agencia en una carta a la presidente municipal Toni Preckwinkle. "Además de socavar la seguridad pública, la ordenanza podría violar la ley federal".

Preckwinkle respondió en un comunicado de prensa que no era justo vincular el estatus inmigratorio de Chávez con su desaparición y lo calificó de "pista falsa".

Preckwinkle se declaró consternada, no a raíz del estatus inmigratorio de Chávez sino porque le fijaron una fianza demasiado baja por tratarse de un sujeto con antecedentes delictivos.

"Algunos han tratado de culpar el estatus inmigratorio de Chávez, pero lo que le permitió escapar a la justicia fue una fianza accesible que no tuvo en cuenta su trayectoria delictiva y el riesgo de fuga", dijo la funcionaria.

El Condado de Cook ha protagonizado el debate sobre el trato de inmigrantes ilegales durante varios meses. Mientras otros municipios, como San Francisco, aprobaron medidas acordes con el programa del gobierno de aumentar las deportaciones de delincuentes, Cook fue el primer distrito que prohibió al alguacil mantener presos a presuntos delincuentes además de los acusados de infracciones menores.

Los partidarios de la ordenanza dicen que la práctica anterior de mantener presos a inmigrantes, una vez cumplida su sentencia, hasta que pagaran fianza o los recogieran los agentes federales era injusta e inconstitucional.

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