El Ejército de Pakistán advirtió hoy de las "consecuencias graves" que para el país podrían acarrear unas declaraciones en las que el primer ministro, Yusuf Razá Guilani, criticó a los militares y los servicios secretos paquistaníes.

En un duro comunicado, las Fuerzas Armadas afirmaron que "no puede haber una acusación más grave" que la vertida por Guilani.

El primer ministro, en una entrevista con medios chinos, tachó de "ilegales" escritos remitidos al Tribunal Supremo por los jefes del Ejército, Ashfaq Pervez Kiyani, y del espionaje (ISI), Ahmad Shuja Pasha, sobre un asunto que enfrenta al poder civil con el militar.

Guilani consideró que esos documentos tan solo deberían haber llegado al Supremo con la aquiescencia del Gobierno, que sobre el papel supervisa todos los órganos del Estado.

El Supremo había pedido una repuesta escrita a los actores del llamado 'memogate', un escándalo que enfrenta al Gobierno y al Ejército por una supuesta petición del poder civil a EEUU para que interviniera en caso de un intento de golpe militar en Islamabad.

La petición se produjo después de que la muerte de Osama bin Laden el pasado mayo en una operación de EEUU al norte de la capital paquistaní levantara ruido de sables en Pakistán.

El escándalo ya le ha costado el cargo al exembajador en Washington y presunto transmisor del mensaje, Husain Huqqani, pero el caso sigue en el Supremo, que prosigue la investigación.

En sus respuestas, los generales paquistaníes dieron credibilidad a la existencia del documento, algo que el Gobierno niega.

En su comunicado de hoy, el Ejército aseguró que la Fiscalía estaba al cargo de los textos que iba a remitir al Supremo y subraya su "responsabilidad" de responder a la petición de la corte.

El gobernante Partido Popular (PPP) del presidente, Asif Alí Zardari, no solo se halla bajo presión por este caso sino por un veredicto emitido ayer por el alto tribunal.

El Supremo le instó el martes a ejecutar una sentencia de 2009 que podría afectar a muchos cargos electos, y según la cual los casos de corrupción cerrados por un acuerdo con el anterior régimen del ex presidente Pervez Musharraf deben ser reabiertos.

La inestabilidad política desatada por el enfrentamiento entre el poder político y militar ha llevado a analistas locales y a diplomáticos extranjeros a conjeturar un posible adelanto de las elecciones generales previstas para principios de 2013.