Una investigación en Chile determinó que 150 casos de fallecidos, que no figuran en los informes oficiales sobre la dictadura, pudieron ser víctimas del gobierno de facto de Augusto Pinochet (1973-1990), informaron hoy los autores del trabajo.

La investigación halló irregularidades en la cadena de custodia de los cuerpos y errores en la identificación de cadáveres y comprobó que algunos de ellos desaparecieron después de estar en el estatal Servicio Médico Legal (SML), señalaron las fuentes.

La iniciativa, que será presentada oficialmente este mismo miércoles en Santiago, fue realizada por ArchivosChile, un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO), y por el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.

La indagación reveló que la Fiscalía Militar tomó la jurisdicción del 90 por ciento de los casos de víctimas de la represión política y descubrió "150 casos potenciales de víctimas de violaciones a los derechos humanos".

"Se trata de personas que no han sido calificadas como tales por las comisiones oficiales pero que, no obstante, las características de su muerte apuntan a que podría tratarse de ejecuciones políticas", señaló un comunicado difundido por el ICEI.

Tras el fin de la dictadura, entre los años 1991 y 1992, la Comisión Rettig y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación certificaron un total de 3.195 desapariciones y ejecuciones durante el régimen.

Además, en 2004 la Comisión Valech dio cuenta de 28.459 casos de prisión política y tortura.

La Comisión Rettig se reabrió en febrero de 2010 para recibir nuevos casos tanto de fallecidos como de torturados, y el pasado agosto anunció que había certificado 30 casos de desapariciones y ejecuciones y 9.795 de torturas que hasta ese momento no figuraban en los registros oficiales.

La investigación conocida hoy y titulada "Ejecuciones en Chile, Septiembre-Diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte", se centra en los asesinatos cometidos en Santiago y en otras 14 ciudades del país en los tres meses posteriores al golpe de Augusto Pinochet.

Los autores se basaron en la Ley de Transparencia para obtener documentación del Servicio Médico Legal y Servicio de Registro Civil, y revisar archivos almacenados en el Cementerio General de Santiago y en el Segundo Juzgado Militar.

Según explicó hoy a Efe la investigadora de ArchivosChile Pascale Bonnefoy, de esos documentos extrajeron la causa y el lugar del deceso, vieron si el caso estaba bajo la jurisdicción de un tribunal civil o fiscalía militar, y cruzaron los datos con el informe Rettig.

Descartadas las muertes por otras causas y las víctimas de la dictadura ya identificadas, quedaron 150 casos con características similares a las de estas últimas, aunque esas coincidencias solo constituyen "indicios", no pruebas concluyentes, recalcó.

"En todos los casos eran heridas de bala, salvo uno que era una explosión, muchos (118) habían sido remitidos por fiscalías militares y la mayoría habían encontrados en la vía pública", detalla Bonnefoy.

Además, de esos 150, hay 84 que son "NN", es decir, que nunca fueron identificados, por lo que es imposible que sus familiares hayan presentado el caso, mientras que en los restantes casos no se sabe si lo hicieron -y fueron rechazados por las comisiones- o no.

La presentación de este trabajo estará a cargo de la propia Pascale Bonnefoy, así como de la directora del ICEI y Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Mönckeberg, y del director de CIINFO, John Dinges.