El Consejo de Generales de la Policía de Ecuador ordenó hoy dar de baja al coronel César Carrión, involucrado en la revuelta policial de septiembre de 2010, pese a que el oficial ya fue absuelto de los cargos por la justicia ordinaria.

La separación de Carrión, según informa el portal web del diario Expreso, se debe a que el máximo órgano de la Policía habría considerado que la actuación del oficial atentó contra el prestigio de la institución policial.

La resolución precisa que en esa decisión se tomaron en cuenta las versiones de la exfuncionaria del Ministerio de la Política Hiroshima Villalba y del periodista Holguer Guerrero, que involucraban a Carrión con la revuelta.

Según una versión de Guerrero, durante la sublevación Carrión habría sugerido dar cianuro al presidente del país, Rafael Correa, que se encontraba en esos momentos retenido en un hospital de la Policía en Quito, al mando del oficial imputado.

En mayo pasado, Carrión recuperó su libertad luego de haber permanecido siete meses en prisión, acusado de presunto magnicidio, cargo que fue desestimado por tres instancias judiciales que le absolvieron de las imputaciones.

De su lado, Vinicio Villa, abogado de Carrión, afirmó hoy que apelará el fallo y restó validez a las versiones de Villalba y Guerrero, al considerar que éstas "nunca se confirmaron" durante el proceso judicial.

Villa lamentó que el Consejo de Generales no haya aceptado el fallo de absolución dictado por la justicia ordinaria en favor de Carrión.

El pasado 14 de octubre, la Corte Nacional de Justicia ratificó en última instancia la inocencia de Carrión y rebajó a un año de prisión la condena a dos años que pesaba sobre el oficial Luis Martínez y los policías Marco Paucar y Luis Bahamonde, también implicados en el caso.

La situación se remonta al 30 de septiembre de 2010, cuando una protesta de policías derivó en un alzamiento de proporciones, en el que el mismo Correa fue protagonista, al permanecer retenido por más de nueve horas en un hospital de la institución y del que fue rescatado por una operación militar en medio de un intenso tiroteo.

En junio pasado, otro tribunal condenó a tres años de prisión a otro imputado, el excoronel Rolando Tapia, a la sazón jefe de la escolta de la Asamblea Nacional, acusado de atentar contra la seguridad del Estado durante la revuelta.

Otros cinco miembros de la escolta legislativa (Francisco Noboa, Patricio Simancas, Marco Tibán, Mario Flores y Carlos Tasinchana) fueron condenados hasta con 18 meses de prisión.

El Gobierno consideró que en la revuelta, en la que fallecieron unas diez personas, hubo un intento de golpe de Estado contra el presidente Correa, presuntamente instigado por grupos de oposición y "malos oficiales" de la Policía.