El Gobierno argentino se mostró hoy satisfecho con la detención en Bolivia del exmilitar Luis Enrique Baraldini, acusado de haber integrado la represión coordinada en Suramérica durante los años 70 y de haber participado de un supuesto plan para atentar contra el presidente boliviano, Evo Morales.

Baraldini, prófugo de la justicia argentina desde 2003, fue detenido este sábado en la ciudad boliviana de Santa Cruz y este domingo fue trasladado al puesto fronterizo de Bermejo, en la región sureña de Tarija, donde fue entregado a autoridades argentinas con el fin de ser juzgado por los delitos que se le imputan.

"Es un oficial muy buscado, prófugo desde hace mucho tiempo, y además de extrema ferocidad en los años del terrorismo de Estado, y que también evidenció peligrosidad hasta hace muy poco, cuando en Bolivia participó de una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales", afirmó la ministra argentina de Seguridad, Nilda Garré, a la prensa.

La funcionaria aludió así a la supuesta banda desarticulada en 2009 en Santa Cruz que, según denunció el Gobierno boliviano en aquel momento, preparaba un atentado contra Morales.

Se trata de "los relatos de testigos que lo definen como un hombre de extrema ferocidad, que torturaba personalmente, participaba de las sesiones de tortura y torturaba" durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), añadió Garré.

Baraldini, de 73 años, participó "activamente" en el Plan Cóndor, tal como se conoce a las acciones represivas efectuadas conjuntamente por los regímenes militares del Cono Sur hace 30 años, añadió la ministra.

El exmilitar, que se desempeñaba en la provincia argentina de La Pampa durante la dictadura y fue luego agregado militar en Bolivia, contó con la ayuda de familiares para mantenerse prófugo de la justicia argentina, puntualizó Garré.

En tanto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Wilfredo Chávez, dijo a los medios de su país que Baraldini fue detenido después de que se descubriera que portaba documentos falsos de identidad con el nombre de Marco Antonio Aponte, con lo cual violó las normas bolivianas de migración.

Garré, por su parte, no brindó detalles sobre el lugar de alojamiento del exmilitar, que permanecía prófugo desde 2003, cuando se derogaron las denominadas "leyes del perdón".