Delfino Aldama estaba reparando los frenos de un cliente este mes cuando recibió un mensaje de texto en su teléfono que le advertía de un retén policial más de una hora antes de que los agentes comenzasen a parar a automovilistas.

El mecánico llamó inmediatamente a amigos para avisarles de la localidad del retén y tomó una ruta alterna hacia su casa.

Aldama, oriundo de México, tenía motivos para alarmarse: No tiene permiso de conducir porque está ilegalmente en el país, y le costaría unos 1.400 dólares recuperar su camioneta Nissan Frontier si es incautada y llevada al corralón. Ha podido relajarse un poco desde que comenzó a recibir los mensajes de texto hace dos años, enviados por activistas que recorren las calles para detectar retenes.

Aldama va a respirar aún más tranquilamente después del 1 de enero, cuando entra en vigor una ley estatal que prohibe que la policía incaute autos en retenes si la única violación del automovilista es que no tiene licencia. Miles de automóviles son incautados cada año en esas circunstancias en el estado, afectando especialmente los bolsillos de los inmigrantes ilegales.

La ley ha sido calificada de victoria por los defensores de los inmigrantes, quienes dicen que el retiro de los autos a los corralones enriquece a los municipios a costa de personas que ingresaron al país sin permiso, y a quienes California se niega a otorgar licencia de conductor.

Bajo la nueva ley, la persona conservará su auto si está sobria y si consigue un conductor con licencia.

La incautación temporal de autos ha generado polémicas en California, ya que la policía está autorizada a retener el auto en el corralón por 30 días. Esto significa que el conductor tiene que pagar unos 1.000 dólares para retirarlos. Muchos conductores sin licencia optan por no reclamar su vehículo, que entonces es subastado para pagar la tarifa.

Cuando el Honda Civic de Aldama fue confiscado en un retén hace años, él tuvo que renunciar a su empleo en un restaurante porque no podía hacer el viaje de 32 kilómetros desde su casa. Aldama abandonó el coche en lugar de pagar los 1.200 dólares requeridos para recuperarlo.

"Un auto es una necesidad, no un lujo", dijo Aldama, de 35 años, que vive en Escondido con su esposa, quien es residente legal, y el hijo de ambos, ciudadano estadounidense.

El asambleísta demócrata Gil Cedillo, que trató infructuosamente de restaurar las licencias de conducir a los inmigrantes ilegales luego que California revocase el derecho en 1993, dijo que presentó la ley para prohibir las incautaciones luego de enterarse de que la corrupta municipalidad de Bell cobró enormes sumas a choferes sin licencia detectados en retenes.

El incremento en los retenes de ebriedad en California ha causado controversia. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras pagó por 2.553 retenes el año pasado, algo que las autoridades dicen explica por qué las muertes causadas por choferes ebrios cayeron a su nivel más bajo de todos los tiempos en el estado.

La policía pide además licencias de conducción en los retenes. Partidarios de las incautaciones de vehículos dicen que los choferes sin licencia son también un peligro en los caminos y que la nueva ley está errada.

"Es una ley terrible, realmente decepcionante", dijo Jim Maher, quien expandió considerablemente los retenes en Escondido tras ser nombrado jefe de la policía en el 2006.

A excepción de Nuevo México, Utah y Washington, todos los estados niegan licencias de conducir a los inmigrantes ilegales, pero la controversia sobre los retenes ha sido especialmente candente en California.

Cedillo piensa que eso se debe a una ley estatal de 1995 que permitió a la policía incautar por 30 días vehículos de choferes sin licencia, resultando en honorarios que fácilmente superan los 1.000 dólares.