La secretaria del Trabajo Hilda Solís criticó el viernes la nueva ley de Alabama para controlar la inmigración y le recordó a los trabajadores del estado que tienen derecho al salario mínimo federal, sea cual fuere su estatus migratorio.

"Nuestro gobierno federal — tanto bajo presidentes republicanos como demócratas — ha sostenido desde hace mucho tiempo que toda la gente que labora en este país tiene derecho a cobrar el salario mínimo federal, sin importar su estatus migratorio", escribió Solís en el blog del departamento.

La funcionaria también alentó a cualquiera al que se le niegue dicho salario o el pago de horas extras a que contacte al Departamento del Trabajo en el teléfono (205) 397-7114 o en el sitio de internet http://www.dol.gov.

Solís dijo que la ley de Alabama para controlar la inmigración invalida los contratos de empleo para los inmigrantes que carecen de permiso de residencia en el país y que tienen garantizado el salario mínimo federal bajo la Ley de Patrones Laborales Justos.

En respuesta, el promotor de esta ley, el representante republicano Micky Hammon, dijo: "La verdad es que la inmigración ilegal trae consigo su propia serie de violaciones a los derechos humanos, que van desde el tráfico de seres humanos a salarios al nivel de pobreza hasta la victimización que viene con el hecho de vivir bajo el radar (de los agentes policiales)".

Solís criticó la ley de Alabama porque convierte en delito el que un inmigrante sin permiso para estar en Estados Unidos realice una transacción comercial, tal como rentar una vivienda u obtener un servicio público.

"El encarcelar a los que buscan refugio y un sustento básico es contrario a los derechos universales de toda la gente libre. Está por debajo de la dignidad de esta gran nación", escribió.

La secretaria de Trabajo se sumó a otros miembros del gobierno del presidente Barack Obama que se pronunciaron contra la ley, que la legislatura de Alabama controlada por los republicanos implementó en junio. El Departamento de Justicia la impugnó ante las cortes federales junto con otras 30 organizaciones e individuos.

Uno de esos grupos dice que ha recibido quejas de que algunos empleadores se niegan a pagarle a los inmigrantes no autorizados por el trabajo que han hecho.

"Algunos empleadores simplemente creen que estas son personas que no se quejarán", afirmó Mary Bauer, abogada del Centro Sureño Legal contra la Pobreza, al periódico Birmingham News.

Hammon dijo que el gobierno de Obama está poniendo énfasis en el sitio equivocado.

"Si el gobierno de Obama pasara su tiempo trabajando para asegurar nuestras fronteras en lugar de combatir el estatuto de Alabama sobre la inmigración, no habría necesidad de nuestra ley en primer lugar", afirmó el viernes.

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En línea:

Blog del Departamento del Trabajo: http://social.dol.gov/blog/universal-rights-extend-to-alabama/