La multinacional india Jindal Steel aseguró que tiene la decisión de cumplir su contrato para industrializar un yacimiento de hierro un día después que el ministro de Minería rechazara un arbitraje planteado por esa compañía que pide la devolución de 18 millones de dólares que el Estado boliviano le cobró por incumplimiento de contrato.

Jindal dijo en un comunicado el viernes que "está a la espera que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (estatal petrolera) suscriba el contrato de provisión de gas que permitirá continuar con las inversiones y la instalación de un complejo siderúrgico para producir acero el 2014".

El jueves el ministro de Minería, José Pimentel, calificó de "gesto inamistoso" la decisión de Jindal de demandar a Bolivia ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París por la ejecución de dos boletas de garantía el año pasado por 18 millones de dólares. El gobierno justificó el cobro ante incumplimiento de la compañía.

Jindal se adjudicó en 2007 la explotación de un rico yacimiento de hierro en el sudeste de Bolivia, pero según el gobierno boliviano la multinacional india incumplió el contrato al no ejecutar inversiones por 600 millones de dólares hasta fines de 2011. Por esa razón se ejecutaron las boletas de garantía por 18 millones de dólares, explicó Pimentel.

La siderúrgica india prometió inversiones por 2.100 millones de dólares en ocho años desde el inicio de operaciones incluyendo la instalación de una acería para explotar e industrializar un yacimiento de hierro con reservas estimadas en 40.000 millones de toneladas métricas en el cerro Mutún, a 1.100 kilómetros al este de La Paz, cerca a la frontera con Brasil.

El ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, planteó en octubre de 2011 "sacar" a Jindal de Bolivia a la que acusó de "engañar" al país al incumplir su compromiso, poniendo en riesgo el mayor proyecto minero impulsado por el presidente Evo Morales.

En su comunicado Jindal explicó que apeló a un tribunal arbitral al no hallar soluciones por la vía conciliatoria para que el Estado boliviano le devuelta los 18 millones de dólares de la garantía.