Un juez federal asestó el viernes un nuevo revés a las medidas migratorias del autoproclamado "alguacil más duro" de Estados Unidos cuando le prohibió a sus agentes que detengan a personas por la mera sospecha de que están sin permiso en el país.

El fallo prepara el escenario para un posible juicio mediante una demanda que denuncia una presunta tipificación racial en los patrullajes ordenados por el alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa en Arizona.

La resolución también acotaría más las facultades de Arpaio sobre la inmigración luego de que el gobierno nacional le quitó a principios de mes esa potestad federal.

Los abogados que llevan la demanda en nombre de cinco hispanos también lograron el carácter colectivo para la querella, lo cual permite que otros latinos se sumen al caso si fueron detenidos e interrogados por los agentes de Arpaio, sea como conductor o pasajeros de un vehículo desde enero del 2007.

El juez federal de distrito Murray Snow no se ha pronunciado todavía sobre la cuestión definitiva del etiquetamiento racial, pero señala que la evidencia del caso podría llevar a un juez o a un jurado a concluir que la oficina de Arpaio tipifica racialmente a los hispanos.

"El alguacil Arpaio ha hecho declaraciones públicas que una persona que examina las evidencias podría interpretar como apoyo al etiquetamiento racial", apuntó Snow.

El juez observó que el alguacil ha dicho que incluso sin la facultad de aplicar las leyes federales, sus agentes pueden detener a personas por su forma de hablar o por parecer de otro país.

El fallo, de 40 páginas, constituyó una cierta victoria para los abogados que promueven la demanda. No consiguieron que el caso fuera decidido sin llegar a juicio, como esperaban, pero se acercó al resultado que aguardan.

"Estamos alentados por el reconocimiento de la corte a la firme evidencia que muestra el patrón y la práctica de etiquetamiento racial (de la oficina del alguacil del condado de Maricopa) y de su forma de realizar operaciones por razones que están sesgadas racialmente", declaró Stan Young, el principal abogado de los demandantes, en un comunicado.

Arpaio logró una pequeña victoria cuando el juez desestimó una parte de una queja presentada por una pareja de hispanos que está entre las cinco personas que presentaron la querella.

Snow determinó que uno de los agentes de Arpaio tenía una causa probable para detener a la pareja en un camino cerrado. La queja por revisión ilegal que interpuso la pareja fue descartada, pero el juez no desestimó el reclamo de tipificación racial.

En la noche del viernes fue enviado un mensaje a los abogados de Arpaio en busca de declaraciones, pero no hubo respuesta de inmediato.

Los demandantes afirmaron que los agentes del condado de Maricopa realizaron interceptaciones viales debido solamente a que eran hispanos los que conducían. También aseguraron que las autoridades no tenían un motivo probable para detenerlos y que los interceptaron sólo para interrogarlos sobre su situación migratoria.

Arpaio ha negado los señalamientos de tipificación racial, con el argumento de que las personas eran detenidas en sus vehículos porque los agentes tenían una causa probable para creer que habían cometido alguna infracción, y que era entonces cuando los agentes descubrían que muchos de los interceptados eran inmigrantes sin permiso para estar en Estados Unidos.

Durante las "redadas", los agentes se concentraban durante varios días en un área de una ciudad — en algunos casos eran zonas con una población mayoritariamente hispana — para detectar a infractores viales y arrestar a otros delincuentes. Los inmigrantes sin autorización para estar en el país representaron el 57% de las 1.500 personas detenidas en las 20 redadas que efectuó la oficina de Arpaio desde enero del 2008.

Según las sanciones emitidas el viernes, Snow puede inferir que los documentos habrían sugerido que no siguieron las reglas de tolerancia cero que los obligan a detener a todos los infractores de tránsito, y que los documentos habrían incluido más detenciones por motivos migratorios que los expedientes relacionados con la vigilancia vial normal.

La agencia de Arpaio afirma que la destrucción fue un mero error debido a que un alto funcionario no le comunicó al personal de su oficina que preservara los documentos.

Algunos correos electrónicos de la oficina de Arpaio sobre las redadas, que supuestamente fueron borrados por la oficina del alguacil, aparecieron cuando se descubrió que el condado les había hecho copias como parte de un procedimiento de rutina para conservar documentos en una medida adoptada por otra demanda.