El primer ministro de Egipto designado por los militares, instó el jueves a realizar un diálogo nacional a fin de resolver la actual crisis política del país y pidió una tregua de dos meses a fin de restablecer la seguridad.

Kamal el-Ganzouri dijo en una conferencia de prensa que el gobierno militar, que asumió el control del líder Hosni Mubarak hace diez meses, tiene la intención de transferir el poder, pero no dio detalles.

El-Ganzouri, de 78 años, primer ministro de la era de Mubarak fue designado por los militares el mes pasado.

Sus declaraciones coinciden con las crecientes demandas para que los militares renuncien de inmediato en medio de críticas por el manejo del país por parte de los militares, su trayectoria con los derechos humanos y el fracaso para reavivar la economía o restablecer la seguridad.

"Les digo a todos que debemos olvidar el pasado y seguir adelante en un diálogo de todo tipo de opiniones para que Egipto pueda vivir en paz. Este es un gobierno de salvación que llegó a proteger la revolución", dijo a manera de apoyar a los revolucionarios detrás del levantamiento de 18 días que culminó con el fin del gobierno de 29 años de Mubarak.

El-Ganzouri es un veterano del régimen de Mubarak que ocupó varios puestos en el gabinete durante más de una década antes de convertirse en el primer ministro en 1996. La elección de las fuerzas militares por una figura política de la era de Mubarak causó enojo entre los revolucionarios, que vieron la decisión como una evidencia de la lealtad del ejército hacia el régimen derrocado.

Es muy probable que su llamado al diálogo nacional caiga en oídos sordos. Los activistas políticos están enfocados en la salida de las fuerzas militares y en encontrar la manera de ofrecer a los generales incentivos para ceder el poder, como inmunidad para procesos judiciales.

Al menos 100 personas han muerto durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad así como en los actos de violencia sectaria desde que el ejército tomó el poder. Las muertes, aunadas con la brutalidad mostrada por los soldados en contra de civiles, entre ellos mujeres, han generado que algunos activistas consideren entablar demandas en contra de generales en cortes locales o llevarlos a juicio ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda.