La intervención judicial de la operadora de televisión por cable Cablevisión, del grupo Clarín, llegó hoy al Parlamento, donde ejecutivos del mayor conglomerado multimedia de Argentina se reunieron con diputados de la oposición para dar su versión de los hechos, que consideraron "graves".

Jorge Rendo, director de Relaciones Externas del grupo Clarín, lamentó que en el encuentro no hubieran estado presentes legisladores del oficialista Frente para la Victoria, la agrupación peronista que lidera la presidenta argentina, Cristina Fernández.

El ejecutivo consideró "totalmente excesiva y un exabrupto" la decisión del juez Walter Bento, de la ciudad de Mendoza (oeste del país), quien este martes ordenó la intervención de Cablevisión en el marco de una causa por monopolio denunciada por su competidora Supercanal, del grupo Vila-Manzano.

El juez Bento ha nombrado a un interventor para que analice la documentación y funcionamiento de la operadora y en el plazo de dos meses entregue un informe sobre el presunto abuso de posición dominante o monopolio denunciado por Supercanal.

Rendo comentó que se reunió con los legisladores opositores para informarles de la "complicada y grave" situación judicial que se ha planteado y dijo que les aseguró que el grupo Clarín "no dará un solo paso que esté fuera de la ley".

El grupo Clarín denunció hoy que el Gobierno de Cristina Fernández, con el que está enfrentado desde hace tres años, está detrás de la intervención judicial de Cablevisión, una de las principales fuentes de ingresos del conglomerado.

"Es el grupo Vila Manzano, en alianza con el Gobierno. Pretenden que en 60 días Cablevisión deje de operar y se divida la compañía", dijo Carlos Moltini, gerente general de la firma de televisión por cable al diario Clarín, el de mayor tirada del país.

Moltini insistió con que Supercanal "es un mascarón de proa para ir contra Cablevisión" y remarcó que la firma del grupo Clarín "no presta sus servicios" en Mendoza.

Las autoridades argentinas se han desmarcado del asunto por tratarse de un contencioso judicial entre privados, según indicó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al asegurar que "es un disparate" que la Gendarmería (policía militarizada de fronteras) haya intervenido en el caso por mandato del Gobierno.

Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, fue crítico con el grupo Clarín al expresar que "Cablevisión se piensa que está por encima de la Justicia".

"Hay un mercado monopólico", opinó a su vez Luis Lázaro, coordinador de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que señaló que Cablevisión "tarde o temprano deberá acomodarse a la ley".

La medida judicial fue repudiada por dirigentes de la oposición, como Mario Barletta, presidente de la Unión Cívica Radical, quien consideró que "no se puede jugar con las libertades básicas al calor de los antojos oficiales".

El diputado Francisco de Narváez, del peronismo disidente, calificó de "lamentable" la actitud del Gobierno, que a su juicio "no sólo apunta a un grupo de medios sino que amenaza a todos los ámbitos de expresión que no lleven el discurso oficial".

Cablevisión fue allanada e intervenida en momentos en que el Senado, controlado por el oficialismo, se prepara para aprobar una ley que declara de "interés público" el papel para diarios, que en este país solamente produce Papel Prensa, firma controlada por los diarios Clarín (49% de las acciones) y La Nación (22,49%) en sociedad con el Estado (28,08%).

En los últimos años, Clarín y La Nación han denunciado supuestas presiones del Gobierno de Fernández, al que acusan de atentar contra la libertad de expresión e información.

La operadora de televisión por cable del grupo Clarín cuenta con más de 3,3 millones de clientes distribuidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, según la web de la empresa.