La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció el jueves que presentó ante la Corte regional el caso relacionado con la destitución de ocho magistrados de Ecuador en 2004.

La Comisión (CIDH) calificó la resolución emitida entonces por el Congreso como "un mecanismo ad hoc de destitución de magistrados, no previsto ni en la Constitución ni en la ley, y afectó gravemente el principio de independencia judicial".

El comunicado de prensa relata que luego del cese de los magistrados, el Congreso resolvió los pedidos de juicio político formulados contra algunos de ellos sin haber obtenido los votos necesarios para adoptar una moción de censura.

Posteriormente, el Congreso realizó una segunda votación el 8 de diciembre de 2004 respecto de los juicios políticos previamente decididos, mediante la que se adoptó una moción de censura.

La Comisión envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el 28 de noviembre tras considerar que el Estado no cumplió con recomendaciones incluidas en un informe previo.

Según el reporte de la CIDH, las víctimas no contaron con garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse, y no tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo que les amparara frente al actuar arbitrario del Congreso Nacional.

Señaló que este caso constituye una oportunidad para que la CorteIDH formule estándares sobre las garantías judiciales que deben establecerse en relación con los procesos de destitución de magistrados.

La Comisión y la Corte pertenecen al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El envío de este caso a la CorteIDH coincide con las críticas recientes al sistema interamericano de derechos humanos formuladas por el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, las cuales han arreciado desde que la Comisión convocara recientemente a su gobierno a una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en el país andino.