En mayo, alrededor de una docena de agentes federales encubiertos fueron despachados a Roswell, Nuevo México, una ciudad de 48.000 habitantes. Durante meses, los agentes vigilaron a "pequeños vendedores de drogas" y pandilleros, muchos de los cuales habían estado sembrando el miedo en esta tranquila localidad del sudeste de Nuevo México por años, mientras la policía, desbordada, pedía ayuda a gritos.

Luego de realizar 60 compras de drogas encubiertas y de conseguir permisos de allanamiento para cuatro moradas, agentes federales y la policía local arrestaron a 84 sospechosos de traficar con drogas y confiscaron numerosos rifles AK-47 y AR-15. De los arrestados, 57 fueron enviados en autobuses a Las Cruces, donde se los acusó de delitos que van desde tráfico de drogas hasta contrabando de armas.

La operación, una de las más grandes jamás realizadas en Nuevo México, refleja la creciente presencia de los departamentos de Seguridad Interna y de Justicia en el estado, al que han enviado numerosos agentes a pedido de una policía local corta de fondos y de personal.

Desde el 2009, Seguridad Interna agregó unos 60 agentes a su fuerza de Nuevo México y ayudó a formar una serie de grupos de tareas, que incluyen elementos de distintas agencias, cuyo fin es hacer frente a las pandillas rurales, la corrupción política, el tráfico de drogas y de armas, la pornografía infantil y el tráfico de personas.

Esa presencia dio lugar a una serie de sonados arrestos, según las autoridades. En mayo, el alcalde de Columbus, ciudad fronteriza con México, y su jefe de la policía fueron detenidos durante una investigación del contrabando de armas. Los dos se declararon culpables.

En agosto, agentes federales y estatales irrumpieron en un negocio de venta de armas en Deming, Nuevo México, y detuvieron a cuatro individuos de una misma familia a los que acusaron de varios delitos, incluido el de contrabando de armas destinadas a narcotraficantes mexicanos. Todos se declararon inocentes.

Hace un par de semanas el FBI abrió un laboratorio en la Universidad de Nuevo México que según las autoridades ayudará a enfocar mejor las investigaciones y le dará a las fuerzas de seguridad estatales acceso a "servicios forenses de la mayor calidad digital".

"Los federales no se andan con vueltas", comentó el alcalde Al Solís. "Cuando vienen, traen muchos recursos".

El procurador general Kenneth J. Gonzales dijo que por años Nuevo México había sido ignorado porque las autoridades federales se concentraban en sitios con problemas más acuciantes. Pero agregó que en tiempos recientes la policía se dio cuenta de que sus 290 kilómetros (180 millas) de frontera con México y una reserva india por la cual es muy fácil pasar hacen que la zona resulte vulnerable al tráfico de drogas, armas y personas.

"Estamos en una posición única porque somos un estado fronterizo y toda la asistencia que podamos recibir para hacer cumplir la ley es muy importante para nosotros", declaró la gobernadora Susana Martínez. "Es un gran reto en las zonas rurales".

Diez años después de los ataques del 11 de septiembre, los funcionarios de los organismos de seguridad no son tan celosos de sus jurisdicciones como antes y las autoridades federales se muestran más proclives a responder a los pedidos de asistencia.

Por ejemplo, en el condado de Chaves, donde se encuentra Roswell, a las autoridades no les preocupan los extranjeros sin permiso de residencia como los delincuentes del lugar. Dicen que hay numerosas bandas que generan una violencia digna de ciudades más grandes como Albuquerque. Datos de los servicios de emergencia de los hospitales de Nuevo México indican que en el condado de Chaves el promedio de heridas de bala por cada 100.000 habitantes es dos veces y media el del resto del estado.

En Chavez hubo 44,8 visitas a salas de emergencia por cada 100.000 habitantes entre el 2008 y el 2010, comparado con las 18 del resto del estado.

El alguacil de Chaves Ron Coon dijo que ello se debe a la violencia entre pandilleros como los de la banda "Crazy Town Roswell", a la que atribuye robos y otros delitos en la zona de Roswell para apoyar a pandillero presos.

A pedido de Coon y Solís, Seguridad Interna envió agentes a Roswell.

"Estamos encantados de que los federales hayan venido y podamos enjuiciar a toda esta gente", declaró Coon luego de las recientes redadas. "No es que nuestros investigadores no sean eficientes. Sino que están impedido por las leyes estatales, que no son fuertes".

Acotó que las autoridades federales no escatiman en enviar recursos y personal, mientras que los departamentos de policía locales tratan de ahorrar cada vez que pueden.

Otras zonas del estado han pedido ayuda. La policía de Four Corners quiere que el gobierno nacional envíe un magistrado tras recibir información de que los carteles mexicanos están transportando metanfetaminas por territorios indígenas de la zona. Y las autoridades de Aztec, otra localidad de Nuevo México, están contemplando la posibilidad de desmantelar el departamento de policía por falta de presupuesto.

No todo el mundo está contento con la creciente presencia de agentes federales.

Peter Simonson, director ejecutivo de la filial estatal de la Unión de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union), dijo que le preocupa la posibilidad de que la presencia de agentes federales estimule a las policías municipal y estatal para que empiece a asumir funciones del servicio de inmigración.

"Hemos visto que al realizar redadas conjuntas en busca de narcotraficantes se emplean tácticas demasiado agresivas para detener elementos que no representan mayores riesgos", declaró Simonson. "También nos inquietan las crecientes violaciones a las libertades civiles a lo largo de la frontera, que parecen consecuencia de la presencia de una cantidad excesiva de agentes y otros recursos".

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La redactora de AP Susan Montoya Bryan colaboró en este reportaje.

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