Un alto tribunal anuló el proceso de liquidación de una finca, propiedad de campesinos que luchaban desde los años noventa por mantener la propiedad de la que habían sido expulsados por paramilitares, uno de los casos más sonados de disputa de tierras en Colombia.

El fallo de la Corte Constitucional es irrevocable e inapelable y cerró las puertas para que la finca, propiedad de 52 familias, fuera rematada al mejor postor debido a una pesada deuda e intereses acumulados que los campesinos no habían podido pagar.

La decisión judicial se produce cuando el país está a punto de embarcarse en un ambicioso plan de reparación de víctimas del conflicto armado interno y devolución de tierras a partir del 1 de enero, cuando entrará en vigencia la llamada Ley de Víctimas.

El dictamen de la corte fue emitido el 20 de septiembre pero sólo conocido por las partes el 16 de diciembre debido a que en general los fallos del alto tribunal demoran hasta meses en ser copiados y divulgados, explicó el miércoles a The Associated Press en diálogo telefónico Jeimi Aguilera, abogada que representó a las 52 familias reunidas en la llamada "Empresa Comunitaria La Alemania".

La empresa comunitaria se constituyó en 1997 para adquirir la finca de 550 hectáreas La Alemania, ubicada en el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre y a unos 640 kilómetros al norte de Bogotá.

Los campesinos compraron en diciembre de 1997 la finca de manos de entidades oficiales de tierras, pero dos años después fueron expulsados de la zona por paramilitares, relató la abogada.

Descrito como uno de los motores del conflicto interno, el tema de la tenencia de las tierras es una pieza central de la Ley de Víctimas. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos estima que desde los años 80 grupos armados ilegales despojaron a sus legítimos dueños, incluyendo al Estado, de casi siete millones de hectáreas. La meta es devolver y titular al menos dos millones de hectáreas hasta 2014.

Algunas de las familias de La Alemania comenzaron a regresar a la finca en 2005 hasta 2007, pero para entonces la empresa comunitaria tenía una deuda pendiente acumulada de unos 398 millones de pesos (unos 209.000 dólares) por créditos que habían adquirido con institutos oficiales para respaldar parte de la compra de La Alemania y adquirir ganado, agregó.

La deuda estaba pendiente con una empresa de hipotecas que pretendía rematar y liquidar la finca para cobrar el pasivo.

La abogada explicó que los campesinos alegaron que no pudieron pagar porque habían sido expulsados de sus tierras por los paramilitares y así se vieron sin forma de subsistencia, por lo que llevaron su reclamo ante distintos tribunales hasta que el caso llegó en agosto de 2010 a la Corte Constitucional. Este tribunal es la máxima instancia para dirimir temas de la carta magna como los derechos a la vivienda digna, al trabajo, a la restitución de tierras, entre otros, dijo Aguilera.

En su fallo de 53 páginas, la corte ordenó que las partes --la empresa comunitaria y la compañía de hipotecas-- "deberán llegar a nuevos acuerdos de pago con el fin de continuar la relación contractual, obligaciones que serán pactadas en atención a las posibilidades económicas actuales de los ejecutados". Dijo además que la compañía de hipotecas no podrá cobrar intereses de mora por el período en que los campesinos no estuvieron en la finca debido a su desplazamiento. "Es un gran logro", dijo la abogada.

A Julia Torres, una de las propietarias, el fallo le produjo tranquilidad pero reavivó dolorosos recuerdos. Su esposo, Rogelio Martínez, fue asesinado a tiros en mayo de 2010 por media docena de encapuchados cuando se dirigía a La Alemania. El fallo "fue un triunfo bueno, la gente está muy contenta", dijo Torres en diálogo telefónico con la AP. Pero "estaría más contenta y feliz que Rogelio estuviera presente viendo esto", agregó.