La Comisión Europea (CE) anunció hoy que eximirá a los servicios sociales de la obligación de notificar a Bruselas las ayudas estatales que reciben por prestar un servicio de interés económico general.

La decisión forma parte de un conjunto de nuevas medidas que presentó hoy el Ejecutivo comunitario para hacer "más sencillo, claro y flexible" el marco legislativo que regula las compensaciones a las empresas que prestan estos servicios, informó la CE en un comunicado.

"El deber de la Comisión es, por supuesto, asegurar que las compañías a las que se confían estos servicios de interés general no reciben compensaciones excesivas", señaló el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, en un comunicado.

Todos los servicios que cubran necesidades sociales relacionadas con "la salud y el cuidado a largo plazo, el cuidado infantil, el acceso y la reinserción al mercado laboral, la vivienda social, la inclusión social y el cuidado de los grupos vulnerables" no tendrán que notificar a Bruselas las compensaciones que reciban del Estado.

Esta exención se aplicaba hasta ahora solamente a los hospitales y la vivienda social.

Las actividades de interés económico general que reciban compensaciones superiores a los 15 millones de euros al año serán, en cambio, supervisadas más de cerca para asegurar que respetan las normas europeas. Hasta ahora ese umbral se situaba en 30 millones de euros.

Bruselas considera este nuevo enfoque más proporcionado para las compañías más pequeñas y las que prestan servicios sociales, sin perder de vista los casos de más peso y el necesario respeto a las normas de competencia europeas.

Almunia destacó además que lograr servicios públicos de alta calidad resulta más necesario que nunca en tiempos de crisis y afirma que la nueva normativa garantiza "un uso eficiente de los escasos recursos públicos."

La CE recuerda, por otro lado, que los estados miembros pueden determinar libremente lo que consideran servicios de interés general, pero incide también en que el papel de Bruselas es velar por que las ayudas no supongan una distorsión del mercado interior de la UE.

Las llamadas "ayudas de minimis" -inferiores a 500.000 euros en tres años- tampoco requerirán notificación.

Esta medida, también dirigida a reducir la carga administrativa, no será aprobada de forma definitiva hasta la próxima primavera, ya que tiene todavía que ser negociada con el Parlamento Europeo y con el Consejo.