La fiscal general colombiana, Viviane Morales, solicitó hoy una audiencia para imputar cargos al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, y, asimismo, investigar los presuntos nexos de su esposo, Carlos Alonso Lucio, con jefes paramilitares.

Morales reveló a periodistas que recibió este lunes una carta de Restrepo en la que denuncia a Lucio.

Restrepo será acusado por las falsas desmovilizaciones de supuestos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El excomisionado Restrepo ya fue interrogado en marzo pasado, dentro del mismo proceso por la presunta desmovilización del llamado frente Cacica Gaitana de las FARC, en marzo de 2006, y coordinada por Raúl Agudelo Medina, alias "Olivio Saldaña".

Distintos testimonios denunciaron que los supuestos guerrilleros fueron mendigos y drogadictos reclutados en varias ciudades a quienes se vistió con uniforme militar y quienes entregaron fusiles de juguete.

La fiscal Morales precisó que Restrepo "tendrá que responder por los delitos de peculado, concierto para delinquir y fraude procesal".

Simultáneamente, el despacho de Morales ordenó investigar a Lucio, un excongresista que militó en el desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19), y fue acusado por Restrepo de sostener reuniones ilegales con jefes paramilitares.

Los cargos a Restrepo le serán imputados el próximo 20 de enero y esa medida le fue informada al afectado el pasado 16 de diciembre, reveló Morales al leer ante periodistas las decisiones de su despacho.

Asimismo, la fiscal general colombiana anunció que envió copias para que se investigue a su esposo.

Morales explicó que en la carta de 5 páginas, recibida del excomisionado de Paz, este divulga hechos que, argumenta, deberían ser investigados. "Hechos que supuestamente realizó Carlos Alonso Lucio", dijo la fiscal Morales.

La Fiscal General aseguró que puso esta carta en manos del Director Nacional de Fiscalías para que determine si hay mérito para abrir una investigación.

El excomisionado Restrepo encabezó la desmovilización de unos 32.000 paramilitares de la ultraderecha armada entre 2003 y 2006 en los Gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe (2002-2010).