Maritza Salabarría viaja en autobús llevando como único equipaje una pequeña bolsa. Dentro guarda su bien más preciado: los dos títulos que la acreditan como dueña de 31 hectáreas en Córdoba, al noreste colombiano, que el gobierno le acaba de entregar.

Le tomó 20 años que le devolvieran esos lotes que le fueron robados a su familia por paramilitares en 1991.

Ahora espera la devolución de otros terrenos de los que su familia también fue despojada ese año, tanto como aguarda apoyo financiero para trabajar la tierra y mantener el ganado.

"Uno se emociona porque uno cree que las cosas ya terminan ahí" con la entrega de los títulos de propiedad, dijo Salabarría, de 44 años, a The Associated Press.

Pero "seguimos siendo los mismos desplazados... No tenemos cómo trabajar, no tenemos un proyecto productivo... Vamos pa'trás, solamente con los meros dos títulos metidos en una bolsa", agregó en entrevista telefónica en noviembre mientras viajaba hacia Fundación, en el norteño departamento de Bolívar, donde en 2007 se asentó la familia tras años de peregrinación por distintas localidades del país.

Como esta mujer, cuyo marido Marcial Fernández figura como desaparecido a manos de paramilitares, miles esperan que con una Ley de Víctimas que entrará en vigencia el 1 de enero, lograrán la devolución de sus tierras, indemnizaciones por parientes víctimas del conflicto interno o apoyo crediticio.

Pero la violencia del conflicto interno --en el que la posesión de la tierra es tradicionalmente descrita como uno de sus orígenes-- no cesa y genera nuevas víctimas cada día. Llenar las expectativas de Salabarría y de otros miles con la nueva ley se presenta como el mayor desafío del presidente Juan Manuel Santos para el año que viene, dijeron analistas y funcionarios consultados por la AP.

Para superar los primeros tropiezos de un proceso tan ambicioso, como reparar a víctimas en medio del conflicto, dos elementos parecen claves: la seguridad que se pueda ofrecer a las personas que retornen o luchen por sus tierras y el financiamiento y la implantación del mismo programa de reparación.

Para la politóloga Natalia Springer, la aplicación de nueva ley es "el mayor reto del presidente (Juan Manuel) Santos tanto para su primer como segundo período de gobierno, porque no tengo duda de que éste es uno de los temas que impulsará su reelección" en 2014.

La ley, aprobada por el Congreso en mayo y sancionada por Santos en junio, busca entregar indemnizaciones, devolver tierras y consagrar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y que los responsables sean castigados.

Se aspira a que cuatro millones de colombianos sean reparados en un plazo de 10 años, explicó Jorge Valderrama, subdirector de atención a víctimas del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el organismo oficial que administra los programas sociales y la nueva norma.

Las indemnizaciones, que tendrán un tope de 40 salarios mínimos mensuales vigentes por persona o el equivalente a unos 22,6 millones de pesos (unos 11.930 dólares) llegarían a unos 130.000 colombianos en el primer año de vigencia de la ley, dijo Miguel Samper, director de justicia transicional del Ministerio de Justicia.

En 10 años, el costo de ley --desde pago de indemnizaciones hasta planes de asistencia psicosocial, educación y salud, entre otros-- ascendería a unos 50 billones de pesos (unos 26.300 millones de dólares), según Samper.

Samper aseguró que esperan que la ley ampare a unas cuatro millones de personas víctimas de distintos delitos, desde desplazamiento hasta secuestro, o que tuvieron a algún familiar asesinado en razón del conflicto interno, no por crimen común.

El pago de indemnización es por una sola vez y el monto de cuánto recibe cada persona lo decide una unidad del Departamento de Prosperidad Social, que es el encargado de los programas sociales y ejecución de la ley, dijo Samper.

En la norma de 208 artículos se considera víctimas a quienes "hayan sufrido daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario... ocurridas con ocasión del conflicto armado interno" colombiano.

Nadie podrá recibir doble indemnización y se contemplan penas de prisión de hasta 12 años para quienes falsifiquen información para reclamar una restitución y de hasta 20 años para los funcionarios que faciliten el registro de ese falso reclamo. La vigencia de la ley, hasta 2021, podrá ser extendida.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha dicho que en los últimos 25 años hubo una "operación delictiva" para apoderarse de casi siete millones de hectáreas, incluidas las de propiedad del Estado.

En Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron "robadas" al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros, ha explicado Restrepo.

En cuanto al número de víctimas mortales que ha dejado el conflicto interno e incluso cuántas exactamente han perdido sus tierras, no existe un dato preciso.

"La apuesta es que a medida que vayamos restituyendo el territorio a los campesinos desplazados, éstos tendrán un mayor interés en cooperar con el gobierno para denunciar la presencia de actores armados", dijo Alejandro Reyes, asesor del ministerio de Agricultura para la devolución de tierras.

Los campesinos "preferirán ser aliados del gobierno en el control estatal del territorio en vez de ser víctimas pasivas de los grupos" ilegales, agregó.

La novedad de la ley, de acuerdo con Valderrama y analistas, es que unifica muchas políticas de asistencia a víctimas que ya se entregaban desde la década de los 90 y crear nuevas como la oficina de registró de tierras despojadas.

Por ejemplo, por decretos emitidos entre 1997 y 2008 se otorgaron asistencias en dinero o albergue a personas desplazadas o que debían dejar sus hogares por presión y ataque de grupos armados ilegales y también se entregaron tierras, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo de Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Desde 2009 y hasta el primer semestre de 2011 al menos 60.000 familias recibieron indemnizaciones por un total de 441 millones de dólares. Otras 30.000 familias obtuvieron más de 724.000 hectáreas en lo corrido del 2011, según dijo Santos este mes en un acto en la casa de gobierno.

Para el presupuesto de 2012 el Ministerio de Hacienda ha dispuesto un fondo de 6,2 billones de pesos (3.200 millones de dólares) para programas de atención de víctimas, restitución de tierras y otros planes sociales de atención a víctimas.

Según Springer, la aplicación de la ley implica tres grandes desafíos: "la identificación de las víctimas, la desarticulación de las mafias regionales que se hicieron con los terrenos y los legalizaron con la ayuda de notarios y gobernantes locales y la seguridad del proceso" que aspira a zanjar décadas de violencia y despojos que ya se avizora violento.

Al menos 50 activistas que defendían los derechos de la población desplazada han muerto violentamente desde el 1 de marzo del 2001 hasta junio del 2011, según registros de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). En lo que va de 2011, los asesinatos han sido nueve, comparados con los ocho de todo 2010, según Codhes.

A esto hay que agregarle los intereses económicos detrás de la expansiva industria de los biocombustibles, que mantiene una fuerte presión sobre la demanda de tierras para crecer.

Un reciente informe del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y de la coalición internacional anticorrupción Transparencia Internacional, señaló que en el caso de Colombia, "la rápida expansión de cultivos de palma africana han estado vinculados con reportes de paramilitares, contratados por intereses privados, para supuestamente despojar a las comunidades pobres de sus territorios para incrementar el área disponible para las plantaciones".

Restrepo rechazó el informe internacional al asegurar que "no pueden generalizarse (hechos) para descalificar a toda una actividad" y destacó que el citado documento carecía de "rigor científico".

Ana Teresa Bernal, directiva de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, valoró la intención de "empezar a reparar a las víctimas" pero advirtió que "mientras el conflicto colombiano no se supere es imposible que no haya más víctimas" de los diferentes actores armados involucrados en el mismo y que abarcan a las guerrillas, remanentes de los oficialmente desarticulados paramilitares y milicias clandestinas al servicio del narcotráfico.

"El problema es que si no se supera el conflicto interno... seguirá habiendo víctimas y tendremos que seguir haciendo leyes para las víctimas", agregó.

Valderrama dijo que el gobierno sabe que hay enormes expectativas, pero advirtió que no se logrará de "la noche a la mañana" instalar toda la estructura necesaria para atender las demandas de la población.

Con la inminente vigencia de la ley, Santos inauguró el 11 de noviembre la primera de las 22 oficinas que se abrirán en todo el país para atender específicamente los reclamos por tierras despojadas.

Salabarría, la tercera de 12 hermanos, sólo piensa en cómo volver a estar segura en sus tierras y tener algo de dinero para reanudar la siembra de arroz y maíz y la cría de ganado para producir carne y leche.

Tanto la expulsión que sufrió de sus tierras como la falta de recursos es un problema que "es del Estado, yo no tengo culpa de eso. Nosotros estamos que no tenemos nada. Ninguno de mis hermanos tenemos casa", dijo. La familia "está esperando que el gobierno haga algo mejor por nosotros".