El fantasma de un período de represión y gobiernos militares emergió este año en América Latina, con varios países que decidieron hacerle frente a momentos oscuros de su pasado y otros que prefirieron eludirlo.

El congreso uruguayo anuló en octubre la Ley de Caducidad (amnistía) que protegía a los militares acusados de abusos perpetrados bajo el régimen militar que gobernó de 1973 a 1985.

En ese mismo mes, el parlamento brasileño aprobó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar abusos cometidos durante la dictadura militar (1964-1985), aunque dejó intacta la Ley de Amnistía de 1979, que mantiene bajo la impunidad a los regímenes castrenses.

Pero mientras esos dos países sudamericanos enfrentaron su pasado autoritario para desvendar crímenes hasta ahora ocultos, El Salvador caminó en sentido contrario.

Las autoridades salvadoreñas rechazaron los pedidos de captura de un juez español en septiembre y han guardado silencio ante la solicitud de extradición emitida por el gobierno de la nación europea para los 15 oficiales que integraban la cúpula castrense cuando cinco sacerdotes españoles fueron ejecutados por un comando militar en 1989.

"En El Salvador los militares siguen teniendo cierto poder, juegan cartas políticas, presionan, inciden en los diferentes Organos (poderes) del Estado, eso es lo que pasa", dijo a la AP el politólogo Antonio Martínez Uribe, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de El Salvador.

Agregó que "aquí la fuerza armada sigue jugando un importante papel político en la vida nacional, creen que nadie los puede tocar sin importar que internacionalmente se les señale en el caso jesuitas, además no se va a derogar la amnistía", emitida en 1993 y que protegió a los involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992).

Cada país que adoptó ese tipo de ley como condición para restablecer la democracia ha lidiado a su manera con las demandas de la sociedad por superar la impunidad.

Así como Uruguay, también Argentina y Perú derogaron sus leyes de amnistía, mientras Chile la mantiene vigente pero la justicia encontró formas de eludirla para procesar a militares acusados de abusos.

En Argentina un tribunal condenó el 27 de octubre a cadena perpetua a 12 ex militares y policías por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales y más cruentos centros de detención de la última dictadura militar (1976-1983).

"Cada país lidia con su pasado como cree conveniente... hay países con distintos tiempos; nosotros no decimos que tenemos la fórmula infalible, pero lo cierto es que en Argentina la impunidad no puede ser la base de la construcción de la sociedad democrática", dijo a la AP el Subsecretario de Derechos Humanos argentino, Luis Alen.

"En Uruguay es presumible que iniciaron el camino del juzgamiento; en Brasil la comisión creada implica un estadio previo, que es establecer en qué circunstancias desapareció la gente; en El Salvador no hay un proceso abierto, sí hay un reclamo de la justicia española", explicó.

Para Alcira Ríos, querellante contra militares argentinos en juicios resonantes tras permaneces como detenida y posterior presa política, una de las características de Argentina es que "aquí se cometieron aberraciones", como los robos de recién nacidos a detenidas que dieron a luz en centros clandestinos de detención por parte de militares y policías. "Eso hace que no haya ni olvido ni perdón y que la gente se movilice", dijo.

Señaló que la sustracción de niños no se trató en ese momento y ahora gracias a la labor incansable de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo se está juzgando a represores por ese delito.

El caso de Uruguay fue celebrado por activistas de derechos humanos, que vieron en la derogación de la ley de amnistía un paso en el sentido de acatar una determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en febrero llamó al país a asegurar que la ley dejara de obstaculizar el procesamiento de personas acusadas de torturas, homicidios y desapariciones forzadas.

"Con la aprobación de esta ley, el Parlamento de Uruguay ha dado un histórico paso adelante en la lucha contra la impunidad por delitos cometidos en el pasado", expresó Guadalupe Marengo, directora adjunta del programa regional para América de Amnistía Internacional.

No obstante, la decisión legislativa acatada por el presidente José Mujica, un ex guerrillero que estuvo preso durante la dictadura, se dio a contramano de dos consultas populares en que los uruguayos se pronunciaron contra la derogación de la Ley de Caducidad.

Brasil, en cambio, pudo conformar su comisión de la verdad 26 años después de su transición democrática gracias al compromiso de no alterar la ley que cubre de impunidad a los acusados de violaciones a los derechos humanos, lo que generó críticas de activistas.

"Esta comisión es extremadamente limitada, es casi perverso. No hay infraestructura, es poca gente y poco tiempo para investigar todo lo que ocurrió", lamentó Cecilia Coimbra, una torturada política y fundadora del movimiento Tortura Nunca Más. "La historia va a ser contada de manera limitada".

Aún así, la ministra brasileña de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, consideró que las personas que sufrieron torturas o perdieron familiares a manos de la dictadura tienen derecho de recurrir a la justicia.

La comisión brasileña estará integrada por siete personas a ser designadas por la presidenta Dilma Rousseff, y tendrán dos años para investigar los abusos cometidos durante la dictadura. Rousseff, al igual que su colega uruguayo Mujica, integró una guerrilla izquierdista en su juventud y fue presa y torturada.

Chile es un ejemplo de un país que logró procesar y condenar militares acusados de abusos bajo el régimen del fallecido ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), pese a tener una Ley de Amnistía vigente desde abril de 1978.

Jueces chilenos recurrieron a la figura de "secuestro calificado" para procesar a los abusadores, un delito que no pierde vigencia mientras no aparezca la persona desaparecida o sus restos. Esta figura legal se ha podido aplicar a los 1.200 detenidos desaparecidos que dejó el régimen de Pinochet.

Cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior chileno indican que hasta 2010 había 804 militares procesados y unos 70 cumpliendo penas de cárcel.

Pese a los avances logrados en Chile, el país se vio enfrentado a las heridas del pasado cuando se celebró el 21 de noviembre un acto con centenas de participantes en homenaje al militar detenido Miguel Krassnoff, un torturador del régimen militar sentenciado a 144 años de prisión por 23 delitos asociados a abusos de derechos humanos.

Nueve personas fueron detenidas cuando alrededor de un millón de manifestantes acudieron a un club en la elegante comuna capitalina de Providencia a repudiar el homenaje al militar retirado.

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Colaboraron con esta información los periodistas de AP Almudena Calatrava en Argentina, Marcos Alemán en El Salvador, Eva Vergara en Chile y Raúl Garcés en Uruguay.