Una década después de los violentos incidentes que dejaron cerca de cuarenta muertos en Argentina en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país, los familiares de las víctimas aún esperan una respuesta de la Justicia.

Las protestas callejeras, los saqueos a comercios, la represión policial y los últimos pasos ahogados de un gobierno en declive se convirtieron el 19 y 20 de diciembre de 2001 en un combo trágico que se saldó con al menos 38 fallecidos y unos 500 heridos, según datos de organizaciones sociales basados en las causas abiertas en todo el país.

A mediados de 2012 está previsto el primer juicio en la capital argentina por las víctimas mortales de aquellas sangrientas jornadas de protestas contra el Gobierno, que derivaron, el 20 de diciembre, en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa (1999-2001), en medio de las generalizadas arengas para "que se vayan todos" los políticos.

En el juicio por la muerte de cinco personas y lesiones a más de 200 están acusados Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad Interior, el antiguo jefe de la Policía Federal Rubén Santos, y los excomisarios Raúl Andreotti y Norberto Gaudiero.

De la Rúa fue sobreseído en la causa, aunque los querellantes esperan la respuesta judicial a un recurso interpuesto para revertir la medida.

Fuera de la capital, el primer juicio, en 2007 en la vecina localidad bonaerense de La Matanza, finalizó con una condena a quince años de prisión a un comerciante y otros seis para un custodio por dos homicidios perpetrados durante el estallido social, que se tradujo en saqueos y "cacelorazos" en todo el país.

"Pero prácticamente hoy no hay presos por los crímenes. Estas causas asociadas a los aparatos de poder permanentemente encuentran obstáculos, a veces inimaginables", afirmó a Efe la abogada María del Carmen Verdú, miembro de Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), querellante en el expediente abierto en Buenos Aires.

Al menos seis personas murieron durante los disturbios en la capital, mientras el resto falleció en el cinturón urbano bonaerense y en provincias del interior del país, donde en varios casos las causas judiciales también marchan a paso lento, advierten las entidades que trabajan en el tema.

"La justicia va muy despacio y algunos políticos involucrados por haber dado la orden de reprimir ni siquiera han sido llamados a declarar. La impunidad engloba a las causas del todo el país. Incluso, los familiares han recibido amenazas para que detengan las investigaciones", señaló María José Draperi, de la Asamblea Diez Años del 19 y 20 de Diciembre de 2001.

El colectivo organizó a comienzos de diciembre en la provincia de Santa Fe el Primer Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas del 19 y 20 de Diciembre con el fin de "analizar cómo se sigue en cada uno de los casos y hallar soluciones a las dificultades que surgen", explicó Draperi.

Durante la reunión, los familiares reclamaron a la Justicia el avance de las causas distribuidas en el país y que involucran a decenas de acusados, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad.

"En el encuentro coincidimos en que, a diez años de los asesinatos, sentimos que quienes administran justicia han garantizado la impunidad para los responsables materiales", subrayó Celeste Lepratti, hermana de Claudio, un profesor de filosofía acribillado durante los incidentes en la ciudad de Rosario.

El policía Esteban Velázquez, acusado de ser el autor material del hecho, fue detenido al día siguiente pero "ya goza de salidas transitorias y tiene mejor trato que otros presos", indicó Celeste.

Según un informe de la Correpi, en la reconstrucción del episodio, Velázquez dijo que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de plomo.

"El móvil policial en el que iba Velázquez se dirigía a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio. Las autoridades no querían que la gente se movilizara a las plazas", recordó Verdú.

Maricel Seeger