El gobierno abusó de su autoridad al impedir la salida de Perú de la estadounidense Lori Berenson, con libertad condicional, y de su hijo para viajar a Nueva York, dijo el sábado Aníbal Apari, abogado de Berenson.

"No se puede impedir una orden de la corte (judicial)", comentó Apari luego de que Berenson dijo a The Associated Press que ella y su hijo, de 2 años y 7 meses, fueron impedidos de abordar un vuelo el viernes pese a contar con permiso judicial.

"No me dejaron salir y están difundiendo la versión de que llegué tarde", dijo Berenson en breve diálogo telefónico.

Medios locales reportaron inicialmente, citando a funcionarios no identificados del aeropuerto Jorge Chávez, que Berenson llegó tarde para el vuelo. Pero un video tomado por una televisora local la mostró la noche del viernes durante bastante tiempo frente al mostrador de Continental Airlines, hablando con un agente antes de la salida del avión.

"Se ha cometido un abuso de autoridad", dijo Apari, quien también es el padre del niño pero está separado de Berenson.

Apari culpó directamente al Ministerio del Interior y dijo a la AP que no ha recibido ninguna explicación oficial.

Añadió que la tarde del viernes Berenson fue al aeropuerto con el documento otorgado por la corte judicial que autoriza su salida de Perú, pero que los agentes de migraciones del aeropuerto, pertenecientes al Ministerio del Interior, pidieron un documento adicional supuestamente llamado "orden de salida".

"(Este documento adicional) no existe, lo han inventado", dijo Apari.

Indicó que se presentarán el lunes ante el Ministerio del Interior para reafirmar el permiso otorgado por la corte judicial.

La directora de comunicaciones del Ministerio del Interior, Zully Bismarck, no estaba en condiciones de abordar el tema cuando fue contactada en su teléfono celular por la AP la tarde del sábado.

Berenson salió la mañana del sábado de su domicilio junto a su hijo Salvador, con quien caminó alrededor de un parque frente a su vivienda en el distrito limeño de Pueblo Libre.

Pero el procurador antiterrorismo Julio Galindo dijo a la AP que el viernes pidió anular la resolución judicial que autorizó la salida de Berenson porque violaba una ley que impide salir del país a quienes gozan de libertad condicional.

Galindo dijo no saber si la corte le había dado la razón.

La justicia peruana otorgó libertad condicional a Berenson en el 2010 luego de que cumpliera 15 años en la cárcel y deberá completar los cinco años de condena que le restan en Perú hasta noviembre del 2015.

Berenson pidió permiso en octubre para viajar a Nueva York entre el 16 de diciembre y el 11 de enero, lo que inicialmente le fue denegado. Tras apelar, la Sala Penal Nacional declaró el jueves procedente la solicitud.

La AP no logró comunicarse el sábado con los padres de Berenson, siempre disponibles para hablar en su favor.

El viernes Mark Berenson, padre de la estadounidense y quien cumple 70 años el 29 de diciembre, afirmó sentirse "petrificado" por la posible reacción negativa de los peruanos al permiso judicial.

"Mi preocupación es que van a estar gritando para detener esto (el viaje)", dijo el viernes. Algunos peruanos la consideran una terrorista y los primeros días de su libertad condicional Berenson soportó insultos en la calle.

Su salida de la cárcel estuvo llena de angustia y medios de comunicación la han perseguido asustando en ocasiones al pequeño Salvador, un niño curioso que, según su abuelo Mark Berenson, ahora habla "inglés, español y su propio idioma".

El mes pasado, una televisora local obtuvo su nueva dirección y mostró un video de su casa. Mark Berenson se quejó de que las imágenes pusieron en peligro a su hija y dijo que se había quejado ante la embajada de Estados Unidos.

La estadounidense fue arrestada en Lima en noviembre de 1995 acusada de colaborar con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en sus planes frustrados de tomar el edificio del Congreso.

Fue sentenciada a cadena perpetua por un tribunal militar pero al ser revisado su caso por el fuero civil, la sentencia le fue conmutada en 2001 a 20 años de cárcel.

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El periodista de The Associated Press Franklin Briceño colaboró con este reporte.