El gobierno dejó sin efecto el viernes el estado de emergencia que había decretado en la región de Cajamarca ante violentas protestas de la población que se opone a un proyecto minero que implica secar cuatro lagunas.

La decisión del Ejecutivo fue anunciada el jueves en la noche por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y rige desde la medianoche, lo que quedó oficializado mediante un decreto supremo publicado el viernes en el diario oficial El Peruano.

La PCM explicó en ese decreto que la decisión se tomó "al haberse restablecido el orden interno".

Informó además que una comitiva de alto nivel del gobierno viajará a esa región el próximo lunes para retomar el diálogo con los dirigentes cajamarquinos.

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, uno de los impulsores de la protesta, saludó el viernes el levantamiento del estado de emergencia y dijo a The Associated Press que era "una forma de que (el gobierno) se reivindique con Cajamarca aunque (fue) un acto muy injusto que nunca debió ocurrir".

"Es el gesto del gobierno para que se comiencen a restablecer los mecanismos de diálogo y resolución de conflictos. Nosotros ahora ya estamos a la espera de que el día lunes 19 concurra la comisión ministerial y se dé continuidad al debate de los temas que han quedado pendientes y que están en la agenda", dijo Santos.

El estado de emergencia en Cajamarca fue una medida cuestionada por los opositores del gobierno y por organismos como Amnistía Internacional por considerarla antidemocrática, pues implica la suspensión de los derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de reunión.

El gobierno decretó el 5 de diciembre esta medida en cuatro provincias de Cajamarca por 60 días ante incidentes violentos y un bloqueo de carreteras que había provocado desabastecimiento en la ciudad.

Los pobladores cajamarquinos se habían declarado en paro indefinido desde el 24 de noviembre en rechazo al proyecto Conga, de 4.800 millones de dólares, porque supone secar cuatro lagunas para explotar oro y cobre. Los pobladores afirman que la mina de tajo abierto destruirá sus fuentes de agua por encontrarse en una cabecera de cuenca.

La empresa Yanacocha, operadora del proyecto y cuya accionista mayoritaria es la compañía estadounidense Newmont, anunció la suspensión del proyecto el 29 de noviembre pero los pobladores exigieron su total cancelación.

El jefe del gabinete Oscar Valdés, quien asumió el cargo el domingo, dijo que el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga será sometido a un peritaje internacional para dar tranquilidad a los pobladores.