Un tribunal penal absolvió el viernes a un general en condición de retiro procesado por el delito de desaparición forzada hace 25 años de una guerrillera que participó en la toma del Palacio de Justicia, uno de los casos más emblemáticos sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Los abogados de la querella anunciaron de inmediato la apelación de la decisión absolutoria del general del ejército en retiro Iván Ramírez emitida por un juzgado penal de Bogotá.

La apelación será presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, dijo en diálogo telefónico con The Associated Press el abogado Jorge Molano.

El general Ramírez podrá quedar en libertad de inmediato y tras pagar una caución o garantía judicial de 40 salarios mínimos mensuales vigentes (unos 11.200 dólares), explicó a su turno el abogado defensor del oficial.

El militar retirado, de 67 años, está detenido desde mayo de 2008 en una guarnición castrense al oeste de Bogotá acusado por la Fiscalía General del delito de desaparición forzada.

Su abogado defensor, John Vasquez, aseguró telefónicamente a la AP que la decisión judicial es la prueba de la inocencia de su cliente porque las pruebas presentadas en su contra habían sido consideradas insuficientes.

"Esta decisión la tomamos con mucha satisfacción y obviamente él la recibe con mucha alegría", dijo Vasquez. Con el fallo "salió a relucir la no participación del general Ramírez en esos hechos", añadió.

La Fiscalía General había pedido en enero la condena de Ramírez "por su probada participación" en la desaparición de Irma Franco Pineda, una guerrillera del entonces rebelde Movimiento 19 de Abril (M-19).

Según la Fiscalía estaba probado que Franco Pineda salió viva del Palacio de Justicia y más tarde sometida a interrogatorios y que en su desaparición tuvieron responsabilidad miembros de un grupo de inteligencia del ejército al mando de Ramírez.

Ramírez era coronel y comandante de la unidad de inteligencia y contrainteligencia del ejército cuando el 6 de noviembre de 1985 un comando de al menos 35 guerrilleros del M-19 tomó el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá y mantuvo como rehenes a los magistrados de la Corte Suprema, entre otros funcionarios.

Los guerrilleros ingresaron por la fuerza al Palacio de Justicia y demandaron hacer un juicio al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).

Entre el ingreso de los rebeldes y la decisión del gobierno de Betancur de ordenar a los militares retomar el Palacio, murieron a lo largo de casi dos días más de 100 personas, entre ellos los miembros del comando del M-19 y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema.

Al menos otras 11 personas fueron dadas por desaparecidas, entre ellas Franco Pineda. La mayoría de las pruebas presentadas por la Fiscalía eran contra los oficiales que comandaban las unidades militares que retomaron el Palacio. Entre esas evidencias estaban los vídeos de canales comerciales mostrando a personas salir con vida pero que después aparecieron muertas, así como algunos testimonios de suboficiales.

Por el caso fue condenado el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, sentenciado a 30 años de prisión en junio de 2010 por el delito de desaparición de las 11 personas. En noviembre de 1985 Plazas, que ha negado los cargos, estaba al frente en Bogotá de la Escuela de Caballería del Ejército, que encabezó la recuperación del palacio.