El gobierno federal de Estados Unidos dijo el jueves que el hombre que se autocalificó como el alguacil más duro en el país dirigió una oficina que cometió una amplia gama de violaciones de los derechos civiles contra los latinos, incluyendo un patrón de discriminación racial y estrictos patrullajes basados en denuncias racistas.

El experto en medición de discriminación racial del Departamento de Justicia lo calificó como el caso más atroz que ha visto, dijo a los periodistas el jefe de la división de derechos civiles del departamento.

El informe sobre el alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio, obtenido por The Associated Press antes de su difusión, es la reprobación más severa del gobierno federal a un hombre que saltó a la fama nacional por reprimir la inmigración. Los candidatos presidenciales republicanos han competido por su apoyo.

Arpaio ha negado desde hace mucho tiempo la acusación de discriminación racial y adoptó un tono desafiante en respuesta al informe, al calificarlo como un ataque con motivos políticos por parte del gobierno del presidente Barack Obama que traerá inseguridad a Arizona al mantener en las calles a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

"No vengan aquí a usarme como chivo expiatorio de un problema nacional e internacional", dijo en una conferencia de prensa.

Arpaio ha ganado notoriedad por alojar a reclusos en carpas y darles ropa interior de color rosa, diciendo que es intolerante con el delito y llevando al límite lo que la policía puede hacer para enfrentar la inmigración ilegal.

Aparte de la investigación sobre derechos civiles, un jurado federal también ha investigado la oficina de Arpaio por denuncias de abuso de poder desde diciembre del 2009.

El informe sobre derechos civiles requerirá que Arpaio establezca políticas antidiscriminatorias efectivas, mejore la instrucción del personal y haga otros cambios que serán observados por un juez. El alguacil tiene de plazo hasta el 4 de enero para decir si quiere negociar un acuerdo. De no hacerlo, el gobierno federal lo demandará y dejará la decisión en manos de un juez.

En una conferencia de prensa realizada el jueves, Thomas Perez, que dirige la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, dijo que según el especialista del departamento sobre encasillamiento racial, es el caso más flagrante en el país que él conozca o sobre el cual haya leído.

El informe reprende a la oficina del alguacil por lanzar redadas inmigratorias, conocida como "barridas", basadas simplemente en quejas de que latinos estaban reunidos cerca de un negocio sin cometer ningún delito.

El informe señala que es entre cuatro y nueve veces más probable que un latino sea detenido en paradas de tránsito en el condado de Maricopa que los no latinos. Agentes de la brigada contra el tráfico de inmigrantes detienen y arrestan a los conductores latinos sin causa justificada, concluyó la investigación.

Un estudio encontró que el 20% de los informes de tráfico a cargo de la brigada de Arpaio entre marzo del 2006 y marzo del 2009 fueron paradas que se hicieron sin una sospecha razonable. Casi todas involucraban a conductores latinos y pocas veces llevaron a detenciones relacionados con tráfico de inmigrantes.

Latinos que estaban legalmente en Estados Unidos fueron arrestados o detenidos sin causa durante las redadas, según el informe.

Los inmigrantes que no pudieron demostrar una condición migratoria legal representaron el 57% de las 1.500 personas arrestadas en 20 redadas realizadas desde enero del 2008, según cifras suministradas por la oficina de Arpaio.

El informe de derechos civiles también encontró que los supervisores policiales a menudo utilizan cuentas del condado para enviar mensajes de correo electrónico que degradan a los latinos ante sus colegas. Un correo electrónico tenía una foto de una falsa licencia de conducir para un estado ficticio llamado "Mexifornia".

Los investigadores federales también se concentraron en gran medida en las barreras idiomáticas en las cárceles de Arpaio.

Los reclusos latinos con poco dominio del idioma inglés fueron castigados por no entender las instrucciones y los pusieron en confinamiento solitario por hasta 23 horas al día.

Los oficiales en los lugares de detención se negaron a aceptar formularios que solicitaban servicios básicos y a informar el maltrato cuando los afectados completaban los documentos en español, y presionaron a los latinos con habilidades limitadas en inglés a firmar formularios sobre sus derechos legales sin ninguna asistencia o traducción.