La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anunció hoy que acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad en contra del trámite rápido que se le está aplicando a la discusión de una reforma fiscal en el Congreso.

La Sala indicó en un comunicado que dará trámite a dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el diputado del opositor Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Luis Fishman en contra del procedimiento legislativo utilizado para tramitar una reforma fiscal.

Los magistrados aclararon que esto no impide que se continúe la discusión de la iniciativa en el Congreso y que se vote en primer debate, pero prohibió que se efectúe el segundo y último debate antes de emitir un fallo.

La reforma tributaria, impulsada por el Gobierno y apoyada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), principal fuerza política de oposición del país, está siendo tramitada mediante una "vía rápida", con menores plazos de discusión y tiempo de palabra para los diputados.

Fishman dijo a periodistas que el Gobierno debe retirar el proyecto del Congreso y le hizo un llamado a combatir el despilfarro y la evasión en lugar de impulsar más impuestos.

"Lo que pretendía el Gobierno con este paquetazo de impuestos era sumamente grave. Planteamos (ante la Sala) que no había derecho de enmienda de los diputados ni participación democrática. El Gobierno tiene que entender que el proyecto está muerto", expresó.

Por su parte, el ministro costarricense de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, quien se encarga de dirigir las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, minimizó los hechos y dijo que la Sala lo único que ha hecho es acoger para estudio las acciones de inconstitucionalidad.

"No atrasa en absoluto el procedimiento", afirmó Benavides al explicar que por ley todo proyecto de este tipo debe ir a la Sala Constitucional para su análisis una vez que se apruebe en primer debate.

La reforma tributaria, que busca recaudar cerca del 1,5% (600 millones de dólares) del Producto Interno Bruto (PIB), tiene como objetivo paliar el déficit fiscal del país, que en 2010 se situó en 5,3% del PIB y que en 2011 cerrará en un 5%.

El punto esencial de la reforma es la creación de un Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 14 %, que sustituirá al actual impuesto de ventas del 13 %, y que además aumentará la lista de bienes y servicios por gravar.

También propone nuevos tributos como la renta global, renta mundial, un impuesto a zonas francas que se cobraría a partir del 2015, una carga del 2% a la educación y salud privadas, así como variaciones en el impuesto de renta.

Si la Corte, que no tiene un tiempo límite para pronunciarse, declara ilegal el método rápido, el proyecto tendría que regresar a una comisión del parlamento para su trámite tradicional.