Varios exdirectivos de la empresa alemana Siemens fueron acusados hoy por la Justicia de Estados Unidos por haber pagado más de 100 millones de dólares en sobornos a miembros del Gobierno argentino y así conservar un contrato millonario con ese país.

El Departamento de Justicia de EE.UU. y la Fiscalía del distrito sur de Nueva York informaron hoy, mediante un comunicado de prensa, que sobre los imputados pesan cargos de conspiración para violar la ley contra las prácticas de corrupción de este país, así como fraude, transferencias ilegales y lavado de dinero.

Esas nueve personas, según la acusación presentada por la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) "han sido acusadas por haber presuntamente participado en un esquema por el que durante diez años sobornaron a altos funcionarios del Gobierno argentino para implementar y asegurar un contrato por 1.000 millones de dólares para producir documentos nacionales de identidad" en el país suramericano.

El regulador estadounidense presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan en la que asegura que estos directivos entregaron el dinero a funcionarios de los Gobiernos de los expresidentes argentinos Carlos Menem (1989-1999) y Fernando De la Rúa (1999-2001).

Igualmente habrían recibido sobornos "miembros del partido de oposición y candidatos a ocupar puestos (que quedarían vacantes) durante la duración del proyecto", agrega el comunicado.

"Los acusados sobornaron a funcionarios de dos Gobiernos sucesivos de Argentina para asegurarse un contrato de mil millones de dólares", señaló el fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, que añadió que los imputados habían previsto "recuperar incluso los beneficios" de un contrato que "les fue concedido de forma ilegítima".

Los imputados por la Justicia estadounidense son, según el comunicado de la fiscalía neoyorquina, Uriel Sharef, Herbert Steffen, Andrés Truppel, Ulrich Bock, Stephan Singer, Eberhard Reichert, Carlos Sergi y Miguel Czysch, estos dos últimos considerados también los intermediarios del soborno.

En la demanda de la SEC también figura el nombre de Bernd Regendantz, perteneciente a la división Siemens Business Services.

Esas personas, según la demanda, falsificaron documentos como facturas y contratos de consultoría y negociaron en Estados Unidos los términos de los pagos, que se efectuaron a través de cuentas en bancos estadounidenses.

Según la demanda, los hechos se remontan a 1998, cuando el Gobierno argentino adjudicó a Siemens un contrato por valor de mil millones de dólares para realizar 42 millones de nuevos documentos nacionales de identidad en el país.

Un año antes, la firma alemana ya habría empezado a sobornar a funcionarios argentinos para asegurarse la licitación, que primero se suspendió en mayo de 1999 por la situación de inestabilidad económica que vivía el país y que después por el cambio de Gobierno en 2001 se canceló definitivamente.

El total del dinero entregado superó los 100 millones de dólares, y de esa cantidad 31,3 millones fueron distribuidos a partir del 12 de marzo de 2001, cuando Siemens empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York y a estar por tanto bajo la supervisión de la SEC.

Los representantes de Siemens continuaron efectuando pagos en un intento por revivir el proyecto hasta principios de 2007, de acuerdo al texto de la denuncia, que también señala que "plantearon un proceso de arbitraje fraudulento contra Argentina" ante un tribunal en Washington.

Además, cuando la empresa inició ese proceso de arbitraje para recuperar sus costes y beneficios esperados del contrato cancelado, pagó más sobornos para ocultar las pruebas de cómo logró el contrato original.

Durante el arbitraje, Siemens obtuvo una compensación de 220 millones de dólares más intereses por parte del tribunal estadounidense, pues en ese momento los sobornos no se descubrieron.

Sin embargo, la firma alemana no reclamó ese dinero pues en agosto de 2009 su nueva dirección llegó a un acuerdo con las autoridades de Alemania, Argentina y Estados Unidos para resolver las demandas presentadas contra la compañía en esos países, y por el cual tuvo que pagar una multa adicional de 448 millones de dólares, explicó la SEC.

"Los negocios deberían fluir a la empresa con el mejor producto y el mejor precio, no el mejor soborno", indicó en un comunicado el director de la División de Investigación de la SEC, Robert Khuzami, quien subrayó que "la corrupción erosiona la confianza pública y la transparencia de los mercados comerciales".

"La acusación de hoy muestra un alto nivel de corrupción", afirmó el fiscal adjunto de EE.UU., Lanny Breuer, quien subrayó que también muestra la determinación de este país para perseguir a los individuos y empresas que violen la ley anticorrupción.