Una nueva denuncia, esta vez por 11 asesinatos, fue planteada hoy ante la Fiscalía por el denominado Movimiento por la Dignificación de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala, en contra de exguerrilleros de este país.

Los denunciantes declararon a la prensa que la querella va dirigida contra 52 personas que integraron la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

Estos cuatro grupos formaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que firmó la paz con el Gobierno el 29 de diciembre de 1996, tras 36 años de conflicto armado que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

En la nueva denuncia planteada por Theodore Michael Plocharski, quien se identificó como ciudadano estadounidense y miembro del Movimiento de Dignificación de Militares y Especialistas de Guatemala, se incluye por primera vez a Sandra Torres Casanova, la exesposa del actual presidente de Guatemala, Álvaro Colom.

Torres fue una colaboradora de la guerrilla durante los años ochenta, según publicaciones de prensa.

El Movimiento por la Dignificación de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala también incluye en la demanda a Enrique Paz y Paz, el ya fallecido padre de la actual fiscal general, Claudia Paz.

Además a los primos de la fiscal, Juan José Hurtado Paz y Paz y Laura Hurtado Paz y Paz, así como al diputado electo por la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco.

También a Sandino Asturias, hijo del comandante guerrillero de la ORPA Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias), a su vez hijo del premio nobel de literatura de 1967, Miguel Ángel Asturias.

Ilom falleció de un paro cardiaco en junio de 2005.

Según el movimiento, los 52 exguerrilleros son responsables del asesinato de 11 personas de 1960 a 1985, y entre ellas menciona al embajador de Estados Unidos John Gordon Mein.

El diplomático fue secuestrado por miembros de las FAR el 28 de agosto de 1968 y tres días después apareció muerto.

El pasado 29 de noviembre, la Asociación de Viudas de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala (Asomilgua) también denunció a 32 exguerrilleros por 45 actos de "terrorismo" cometidos en su mayoría entre 1978 y 1982.

En esa denuncia se incluyó, entre otros, a Yolanda Colom, hermana del actual mandatario guatemalteco y también al fallecido padre de la fiscal general.

El 2 de noviembre último, el empresario Ricardo Méndez Ruiz denunció ante la Fiscalía a 26 exmiembros de la guerrilla por su secuestro perpetrado en junio de 1982, cuando su padre, del mismo nombre, era el ministro de Gobernación (Interior).

En la demanda judicial, Méndez Ruiz incluyó también a la hermana del presidente Colom, a la excomandante guerrillera Estela Maldonado y a dos primas de la actual fiscal general.

Las asociaciones vinculadas a los militares demandan a la fiscal general que así como investigan a exmiembros del Ejército a los que se persigue por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto, también que se haga lo mismo en contra de exguerrilleros porque en la guerra actuaron las dos partes.

El Ministerio Público ha creado una agencia especial para investigar los delitos cometidos por los exguerrilleros y el primer caso será el de Méndez Ruiz.

En los Acuerdos de Paz firmados en 1996 se incluyó una amnistía para militares y guerrilleros.

Sin embargo, en las últimas meses se activó la persecución judicial en contra de exaltos mandos castrenses por delitos de genocidio.

Entre ellos figura al exjefe de Estado de facto el general Oscar Mejía Víctores (1983-1986), quien se entregó a la justicia en octubre pasado, pero un tribunal lo declaró incapaz para enfrentar un juicio debido a un derrame cerebral que le dejó secuelas físicas y mentales.