Centenares de partidarios de la encarcelada líder de la oposición ucraniana, Yulia Timoshenko, intentaron acceder hoy por la fuerza al tribunal de apelaciones que estudia el recurso presentado por la ex primera ministra.

Los opositores intentaron entrar en el edificio en dos ocasiones, pero los efectivos antidisturbios se lo impidieron, según informan las agencias locales.

Algunos diputados opositores lograron superar el primer cordón policial, pero antes de que pudieron entrar en el tribunal fueron retenidos por las fuerzas del orden, lo que desembocó en aislados choques violentos.

Minutos después la situación volvió a su cauce y los seguidores de Timoshenko siguen concentrados pacíficamente frente al tribunal de Kiev.

Los abogados de Timoshenko, que fue condenada en octubre pasado a siete años de cárcel por abuso de poder, pidieron la revocación de la jueza Elena Sitailo, que estudia el recurso, pero el tribunal rechazó su demanda.

La sesión del tribunal tiene lugar en ausencia de Timoshenko, que declinó acudir a la sala por motivos de salud, según explicó la defensa.

Timoshenko, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 5 de agosto, fue visitada por el comisario europeo de Ampliación y Política de Vecindad, Stefan Füle, que se reunió el lunes con el presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich.

A principios de diciembre el Tribunal de Apelación de Kiev admitió a trámite el recurso interpuesto por los abogados de Timoshenko, aunque se negó a ponerla en libertad, como le pidió la defensa.

La defensa de Timoshenko presentó el recurso el pasado 24 de octubre aduciendo que la fiscalía no llegó a demostrar que su clienta se excediera en el uso del cargo a la hora de ordenar la firma, en 2009, de un contrato de gas con Rusia sin contar supuestamente con el beneplácito del entonces presidente ucraniano.

El primer ministro ruso, Vladímir Putin, salió en defensa de su antigua colega ucraniana al asegurar que ésta no llegó a estampar su firma en el contrato, que fue suscrito por los representantes de las corporaciones gasísticas Gazprom y Naftogaz conforme a las leyes rusas y ucranianas y las normas internacionales.

La carismática política fue condenada el pasado 11 de octubre a siete años de cárcel y tres de inhabilitación para ejercer cargo público y, además, deberá pagar al Estado casi 200 millones de dólares en concepto de compensación.

Timoshenko, que acusa al actual presidente de orquestar una campaña de persecución contra la oposición, aseguró que, en caso de que la Justicia ucraniana no atienda su recurso, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.