Activistas de la sociedad civil, del Estado colombiano y de la comunidad internacional determinaron hoy que la campaña de descrédito contra víctimas y defensores junto con la posible ampliación del fuero militar empañan la situación de los Derechos Humanos en el país andino.

Estos dos asuntos, protagonistas en la agenda pública colombiana durante las últimas semanas, centraron los debates celebrados este lunes en Bogotá para recordar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre pero en Colombia se conmemoró hoy.

En un foro organizado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), los países emergentes del G24 y el Gobierno colombiano, el vicepresidente de este país, Angelino Garzón, consideró "muy importante (...) impedir cualquier campaña de satanización o descalificación".

"Y me refiero al debate que se ha generado con motivo de unas investigaciones que ha venido desarrollando la Fiscalía General de la Nación en torno a lo que pasó en (la masacre de) Mapiripán y en (un supuesto falso desplazamiento en) la hacienda de Las Pavas", concretó el vicepresidente.

El Estado colombiano revisa estos dos casos en los que, a priori, miembros del Gobierno denunciaron la existencia de "falsas víctimas" que engañaron a las autoridades para lucrarse con las indemnizaciones del Estado en pleno proceso de reparación.

Garzón no descartó la mala fe de algún "avivato", pero insistió en que no se puede permitir "que las actuaciones individuales de personas" sean aprovechadas "como estrategia política para descalificar a las instituciones".

En este sentido, el representante saliente de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Christian Salazar, cuestionó la calidad de las investigaciones de la Fiscalía y pidió a los defensores de víctimas un análisis prudente y transparente.

Uno de los aludidos, el presidente de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Alirio Uribe, reconoció haber cometido "un error" al creer el testimonio de una de sus defendidas en la matanza paramilitar de Mapiripán en 1997, que en octubre pasado confesó haber mentido.

En otro seminario convocado por la Unión Europea, el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, advirtió de que la prevista reforma de la Justicia, que implica instaurar fueros militares para casos de supuestos delitos cometidos por la fuerza pública, supone un "retroceso monumental" para los derechos humanos.

"El fuero militar es uno de los ejemplos que nos permite afirmar que no estamos en progreso sino en franco retroceso", remarcó Gallón, al recordar que de acuerdo a la Constitución colombiana "la violación de derechos humanos no puede ser competencia de las instituciones militares".

El jurista explicó que la instauración de ese fuero penal militar implica que "todos los actos que se registren por parte de agentes de la fuerza pública, militares y policías, son actos de servicio y por lo tanto son competencia de la institución militar".

La organización no gubernamental Human Right Watch (HRW) expuso en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos que de ser aprobado este marco jurídico se estaría "prácticamente" garantizando "la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública".

Ello, según la misiva escrita por el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, podría llevar esa reforma constitucional "a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos conocidos como falsos positivos (asesinato de civiles a manos de militares)".

Por su parte, la directora de Derechos Humanos del Ministerio colombiano de Defensa, Elena Ambrosi, indicó que hay una gran "desinformación acerca del fuero militar", que aún se debate en el Congreso.

Durante la jornada conmemorativa, las embajadas de Francia y Alemania concedieron el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos "Antonio Nariño" 2011 a la alianza departamental de mujeres del Putumayo "Tejedoras de vida", que con más de 300 líderes lucha contra el conflicto armado, la violencia y la pobreza.