La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, prorrogó por cuatro meses un decreto de 2008 que impide sancionar a quienes desforesten tierras o no adhieran a los planes oficiales de regularización ambiental, según se publicó hoy en el Diario Oficial.

La extensión del decreto obedece a la intención del Gobierno de dar tiempo a la Cámara de Diputados para que discuta un polémico proyecto de reforma de las leyes de ocupación de suelos aprobado la semana pasada en el Senado, pese a las críticas de los ecologistas.

El decreto en cuestión fue firmado en diciembre de 2008 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y establecía un plazo de dos años para que aquellos productores agropecuarios que habían desforestado en forma ilegal, regularizaran su situación y adhirieran a planes de recuperación de áreas degradadas.

Esa resolución, cuya vigencia vencería el próximo día 15 y ahora tendrá valor hasta abril próximo, incluye mantener suspendidas las multas que podrían aplicarse por la tala ilegal de bosques, incluso en la región amazónica, y que fue en su momento duramente criticada por movimientos ecologistas.

Ese nuevo plazo, según el Gobierno, permitirá que la Cámara de Diputados debata con amplitud el proyecto de reforma del llamado Código Forestal, un conjunto de leyes que data de 1965 y regula todo lo relativo a la ocupación y uso de los suelos.

El texto fue aprobado la semana pasada en el Senado y establece, entre otros puntos, que los productores que desforestaron en forma ilegal durante los últimos años no serán sancionados si inician un proceso de recuperación de las áreas degradadas.

Si no lo hicieran, entonces sí serán multados, toda actividad en sus tierras será totalmente prohibida y no tendrán acceso a créditos del Estado.

El senador Jorge Viana, uno de los autores de la reforma, calculó la semana pasada que con ese proceso de reforestación se recuperarán cerca de 35 millones de hectáreas de tierras y selvas degradadas, un territorio equivalente a la superficie de Alemania.

La Cámara de Diputados recibió el texto el pasado viernes, pero no tendrá tiempo de tramitarlo este año debido a que esta semana entrará en receso hasta fines de enero, cuando retomará su actividad regular.

A pesar del decreto en vigor desde 2008 y ahora prorrogado, las tasas de deforestación en la Amazonía brasileña han caído de forma sostenida durante los últimos años, de acuerdo a datos oficiales.

Según un informe divulgado la semana pasada por el Gobierno, la tasa de pérdida de bosques amazónicos se redujo un 11 por ciento entre agosto de 2010 y julio de 2011.

Entre esos meses, según esos datos, se perdieron 6.238 kilómetros cuadrados de selva, cifra que fue la menor registrada en ese período interanual desde 1988, cuando comenzaron a elaborarse estadísticas sobre la desaparición de bosques amazónicos.