El Gobierno de Japón ultima las comprobaciones con vistas a declarar oficialmente que los reactores de la accidentada central nuclear de Fukushima se encuentran en un estado de "parada fría", dijo hoy el primer ministro nipón, Yoshihiko Noda.

Según el Gobierno japonés, para que los reactores se consideren en estado de parada fría, el fondo de sus respectivas vasijas de contención debe permanecer de manera estable por debajo de los 100 grados centígrados.

Los parámetros establecidos por el Ejecutivo señalan, además, que la dosis anual de radiación en el perímetro de la planta debe ser de 1 milisievert o menos.

Noda, que se refirió a Fukushima durante el discurso de clausura de la temporada de sesiones parlamentarias, no detalló la fecha en la que se podría decretar la parada fría, aunque medios locales apuntan a que será tras una reunión programada para el 16 de diciembre.

Ese día el primer ministro tiene previsto presidir un encuentro con expertos de TEPCO y del Gobierno para analizar la situación en la maltrecha planta nuclear, dañada por el devastador tsunami del 11 de marzo.

Llevar los reactores a "parada fría" es uno de los grandes objetivos de la "hoja de ruta" elaborada por el Ejecutivo y TEPCO para resolver la crisis en la planta de Fukushima y una condición indispensable antes de que los 80.000 residentes evacuados en un radio de 20 kilómetros de la central puedan volver a sus casas.

Hoy, la Agencia de Seguridad Nuclear, dependiente del Gobierno, dio el visto bueno al plan de TEPCO para gestionar la central en los próximos tres años, que incluye medidas como la de mantener las inyecciones de agua en los reactores para mantener su temperatura o prevenir posible explosiones de hidrógeno.

La eléctrica, por otra parte, anunció hoy que en los próximos diez años recortará gastos operativos por valor de unos 2,64 billones de yenes (unos 34.000 millones de dólares), 103.000 millones de yenes más (unos 1.324 millones de dólares más) de lo inicialmente previsto.

El recorte de gastos es una medida necesaria para recibir las ayudas del Gobierno que le permitan pagar las indemnizaciones y afrontar el coste de las operaciones para desmantelar los reactores, algo para lo que se podrían necesitar más de 30 años.