Seis personas de una agencia oficial fueron detenidas y acusadas de fraude porque cobraban por trámites burocráticos a los desplazados del conflicto colombiano a quienes debían atender gratuitamente, informó el viernes el presidente Juan Manuel Santos.

El caso corresponde a una denuncia que formuló la agencia gubernamental Acción Social o Departamento para la Prosperidad Social, y es una "de las 3.000 denuncias que se han puesto en los últimos 12 meses en la Fiscalía por irregularidades en el reconocimiento y atención a la población en situación de desplazamiento", dijo el presidente en un acto en la casa de gobierno.

Los detenidos estaban "haciéndose pasar por tramitadores y cobrándoles por beneficios e indemnizaciones a los que ya tenían derecho" por haber sido víctimas, agregó Santos, según un comunicado de la Presidencia.

Las normas colombianas castigan por ejemplo el fraude procesal, o el que induzca a un servidor público a un acto contrario a la ley, con mínimo seis años de prisión.

La denuncia se dio a conocer cuando se tiene previsto que la llamada Ley de Víctimas cobre vigor el 1 de enero del 2012 y con ello el gobierno aspira a reparar a unas cuatro millones de personas en un período de 10 años y que han sido víctimas de alguna acción derivada del conflicto, desde secuestro y desplazamiento hasta asesinato, entre otros.

"Con la plata de las víctimas no se juega. Los recursos para las víctimas son sagrados y los defenderemos a lo que dé lugar", advirtió el gobernante.

Santos no precisó cuánto dinero o por cuánto tiempo esas seis personas defraudaron a víctimas de desplazamiento.

Santos rechazó este tipo de acto de corrupción. "Ahora no sólo quieren robar al estado sino a los colombianos más humildes y más vulnerables", dijo el mandatario.

De acuerdo con Departamento para la Prosperidad Social, unos 3,4 millones de colombianos están registrados ante esa oficina como personas desplazadas al menos desde 1997 y que reciben distintos planes de asistencia oficial. Los desplazados son aquellos quienes se vieron obligadas a dejar sus tierras por amenazas de grupos armados ilegales.