El Congreso aprobó una polémica ley que permite a las autoridades escuchar las conversaciones telefónicas e intervenir los correos electrónicos, cuentas bancarias y el servicio de internet a los sospechosos de participar en actividades ilegales.

La nueva norma se inscribe en un intento por combatir con mayor fuerza el narcotráfico y la delincuencia en Honduras.

La Ley de Escuchas Telefónicas la ratificaron por aclamación la noche del jueves los 128 diputados de cinco partidos políticos, dijo en rueda de prensa el presidente de la legislatura, Juan Hernández.

"Se trata de un mecanismo excepcional de investigación que se usará en este difícil momento que enfrentamos", añadió.

"Hay que aceptar una realidad: mientras la tecnología esté en manos de los delincuentes, el Estado no tiene la capacidad para enfrentar el crimen y lo pone francamente en desventaja", agregó Hernández.

Las intervenciones abarcan todo tipo de comunicaciones como mensajes, cartas, recibos de servicios públicos, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y otras no determinadas de tipo físico o virtual.

La ley creó la Unidad de Intervención de las Comunicaciones como el ente gubernamental para hacer la tarea, la que previamente debe ordenar un juez a solicitud de la fiscalía.

El plazo de cada intervención es de tres meses y puede extenderse a seis.

La ley sanciona con cuatro y siete años en prisión al que dolosamente destruya, inutilice, desaparezca, altere o deteriore la información obtenida mediante la intervención de las comunicaciones. Y, si resulta que es un funcionario público el que se encuentre en esta situación, la pena que se le impondrá será doble.

Castiga con seis y diez años en prisión al funcionario público o ejecutivo de la empresa generadora de la información que divulgue o utilice la información recabada.

Las escuchas las realizará la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, dependencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que encabeza el presidente Porfirio Lobo.

Las compañías operadoras deben llevar un registro completo de sus clientes y documentos de su identidad.

Algunos funcionarios no están de acuerdo con la nueva forma de combatir la delincuencia en el país.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, calificó de "lesiva" la ley "porque viola el derecho constitucional a la privacidad".

Y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostuvo que "cualquier forma de intervenir las comunicaciones privadas es un atentado a las libertades públicas".

Sin embargo, Mario Pérez, el congresista que presentó la moción, afirmó que "no obstante que el derecho a la privacidad en cualquier diálogo o conversación lo garantiza la Constitución, la legislación internacional establece esa figura como soporte para las investigaciones en casos de crímenes reincidentes o de tipo organizado como el narcotráfico o los secuestros".

Pérez pertenece al oficialista Partido Nacional.

Pero los diputados creen que la legislación reducirá los niveles de la violencia desatados por los narcotraficantes, pandilleros y el crimen organizado en el país, que en diez años han matado a tiros a unas 36.000 personas en Honduras, lo que representa un promedio mensual de 286 víctimas. Entre ellas figuran 23 periodistas.