El Gobierno argentino debe dar "mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas", que afrontan problemas de contaminación, salud y educación, entre otros, advirtió hoy en Buenos Aires James Anaya, relator especial de la ONU en asuntos aborígenes.

"Es necesario" que el Gobierno "desarrolle nuevos programas y políticas públicas" en beneficio de las comunidades originarias, y "que asegure que estos programas y políticas sean implementados de acuerdo con los estándares internacionales", sostuvo el estadounidense Anaya durante una rueda de prensa, al cierre de su visita, la primera de estas características a Argentina.

Para el especialista, "hay un marco normativo avanzado en el país sobre asuntos indígenas, pero el problema es su implementación" y la "falta de conocimientos sobre normas de derechos indígenas que manifiestan autoridades provinciales".

Durante su estadía de once días, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de Naciones Unidas se reunió con autoridades y representantes aborígenes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa.

"Una preocupación central" expresada por las comunidades es "la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales", además de los "retrasos en los procesos de relevamiento territorial" y "los desalojos de indígenas dentro de las extensiones de tierras reclamadas por ellos", resaltó Anaya durante la rueda de prensa brindada en Buenos Aires.

"Estos desalojos han sido llevados a cabo en años recientes del reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en la Constitución de la nación", puntualizó Anaya en sus primeras "observaciones" como resultado de la visita al país suramericano.

Alertó además que otro "problema relacionado con la inseguridad jurídica" es la "existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca" de los territorios aborígenes, lo que causa "efectos en la salud y medio ambiente".

"Las condiciones de salud de los indígenas son peores que los de la población general y hay contaminación del medio ambiente a causa de la extracción de recursos" como el petróleo y minerales, subrayó Anaya, cuya visita será volcada en un informe que se presentará en 2012 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

También consideró "esencial que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación adecuada, que llegue a sus comunidades y se adapte a sus realidades".

Exhortó además a que el Gobierno promueva iniciativas de desarrollo propuestas por los aborígenes y que incorpore "de mejor manera" las normas de la Organización Internacional del Trabajo asociadas a las comunidades y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Un documento del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) divulgado el año pasado afirma que en Argentina residen poco más de 600.000 indígenas, en su mayoría en "situación social desventajosa", sin cobertura médica y con tasas de analfabetismo que, en casos como las comunidades toba, superan el 86 por ciento.

La muerte por desnutrición de al menos 22 indígenas en el Impenetrable, unos mil kilómetros al norte de Buenos Aires, en 2007 llevó a la Corte Suprema de Justicia de Argentina a ordenar medidas urgentes en favor de las comunidades.

En los últimos años, miles de indígenas realizaron varias marchas y movilizaciones en el país para reclamar por sus derechos y mejoras en su situación social.