La ONU accedió a investigar el motín policial del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, que amenazó con derrumbar el Gobierno, informó hoy la cancillería ecuatoriana tras un encuentro de su titular, Ricardo Patiño, con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Queda por definir el mecanismo por el cual el organismo internacional llevará a cabo la investigación y quiénes serán sus encargados, explicó a Efe una fuente de la cancillería, que pidió no ser identificada.

El 30 de septiembre de 2010 casi 1.200 policías y militares, según cifras oficiales, participaron en una protesta por motivos salariales que derivó en un alzamiento.

En los enfrentamientos en Quito entre los amotinados y fuerzas leales al Gobierno murieron cinco personas.

Patiño, Ban, y la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, a quien el presidente de Ecuador, Rafael Correa, le encargó coordinar la participación de la ONU en las investigaciones, trataron el tema ayer en Durban (Sudáfrica), donde se celebra la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La fuente de cancillería dijo que es probable que en los próximos días se ultimen los detalles en Durban, aprovechando la presencia de los delegados de la ONU, y se anuncie el mecanismo de investigación que adoptará Naciones Unidas para indagar lo que pasó el 30 de septiembre.

El Gobierno de Ecuador considera que ese día hubo un intento de golpe de Estado y Correa mencionó como instigador al partido Sociedad Patriótica, del expresidente Lucio Gutiérrez.

Por su parte, miembros de la oposición critican al presidente por acudir a la sede del regimiento donde se habían congregado los agentes que protestaban y mantienen que no se trató de un intento de golpe de Estado.

Ese día, Correa, que acudió a hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue agredido y se refugió en un hospital de la Policía, del que sólo pudo salir en la noche tras una operación de militares y policías leales, en medio de un intenso tiroteo.

En octubre pasado, Correa dijo que pediría a la ONU y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que nombraran comisiones para investigar la sublevación "con total independencia".

No obstante, la Unasur indicó en noviembre que los presidentes de los países miembros ya declararon que consideraban que ese día hubo un intento de golpe de Estado y la entidad se abstuvo de abrir la investigación solicitada por Ecuador.

Por los hechos de ese día han sido condenados nueve policías a entre uno y tres años de prisión, incluido el excoronel Rolando Tapia, quien comandaba la escolta legislativa.