Centenares de personas protestaron el viernes frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la política estatal de negarles o anularles los documentos de identidad a descendientes de inmigrantes haitianos.

"Si no consigo copia de mi acta de nacimiento, voy a tener que dejar la escuela", dijo a la AP Melania Richard, de 14 años, quien faltó a clases con sus primas Lucitania Núñez y Miguelina Germán para acudir con sus uniformes escolares y pancartas a la manifestación.

Richard, que cursa el último grado de la educación básica, nació en Manoguayabo, al oeste de Santo Domingo, de padres dominicanos de ascendencia haitiana, por lo que las autoridades dominicanas se niegan a entregarle un duplicado de su acta de nacimiento por considerar que fue declarada con datos falsos.

Sin el documento, Richard no podrá ingresar en el 2012 a la escuela secundaria.

"Soy dominicano, tú lo sabes" se leía en las pancartas que portaban Richard y sus primas.

La manifestación, convocada por varias organizaciones no gubernamentales apoyadas por instituciones internacionales, reclamó anular una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que ordenó en 2007 retener las actas de nacimiento y cédulas de identidad a los descendientes de haitianos por considerar que habían sido registrados de forma fraudulenta.

La medida busca eliminar registros falsos y hacer más confiable el padrón electoral, ha insistido el presidente de la JCE, Roberto Rosario.

Según la constitución que estuvo vigente hasta 2010, todos los nacidos en el país obtenían la nacionalidad dominicana de forma automática, con excepción de los hijos de diplomáticos de otras naciones y los extranjeros en tránsito. La Carta Magna aprobada y vigente desde ese año anuló ese derecho y especifica que los hijos de trabajadores migrantes temporales no son dominicanos, aunque esto no aplica para los casos del pasado.

"Cuando yo nací, mi papá tenía un contrato de trabajo con el ingenio y me registró con su credencial, que era lo que entonces (en los años 80) se consideraba como residencia", explicó a la AP Altagracia Jean Joseph, quien luego de cuatro años de trámites logró que la JCE le entregara un duplicado de su acta de nacimiento para inscribirse en la universidad.

Los dos hermanos de Jean Joseph aún batallan en las oficinas gubernamentales para conseguir sus documentos.

El abogado Francisco Leonardo, del Centro Bonó, recordó que "decenas de miles de personas fueron reconocidas como dominicanas por el Estado hace décadas", pero desde 2007 la JCE "se ha empeñado en anular administrativamente la nacionalidad" de esas personas.

Mientras el Centro Bonó ha documentado unos 1.600 expedientes de dominicanos de ascendencia haitiana a quienes la JCE les ha negado sus documentos, la fallecida activista Sonia Pierre, quien dedicó su vida a defender esta causa, dijo en una última entrevista con AP este año que tenía registro de 900 casos similares.

Los manifestantes también protestaron contra el reciente fallo de la Suprema Corte que ratificó el mes pasado la decisión de la JCE de retener el acta de nacimiento del descendiente de haitianos Emildo Bueno, pese a que contaba con cédula de identidad y pasaporte dominicanos.

En el caso de Bueno, la decisión de la JCE "no luce arbitraria, injusta ni discriminatoria" y no viola ningún derecho fundamental, explicó el tribunal.

El caso de Bueno, que pasó 3 años en los tribunales, es el primero que recibe una sentencia inapelable en la SCJ.

"Ante esta decisión acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado responda por la violación de nuestros derechos", anunció Antonio Pol Emil, director del Centro Cultural Domínico-Haitiano.

La negativa del gobierno dominicano a liberar las actas de nacimiento de los descendientes de haitianos está en estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.