La fiscal general de Venezuela informó que tiene la intención de solicitar que se prolongue por otros dos años el arresto de una jueza cuyo caso ha sido fuertemente criticado por grupos activistas de derechos humanos.

La fiscal general Luisa Ortega afirmó que la jueza María Lourdes Afiuni ha demorado de manera intencionada su propio juicio al negarse a ingresar a la sala de audiencias de un tribunal.

Afiuni, de 48 años, es acusada de corrupción propia, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de un detenido, por ordenar la libertad provisional de un ex banquero, procesado por violar los controles de cambio de divisas que luego huyó del país.

A comienzo de febrero, un tribunal otorgó el beneficio de "casa por cárcel" a la jueza, quien desde diciembre presentaba complicaciones de salud y que luego fue sometida a una histerectomía debido a un prolongado sangrado vaginal.

Según la legislación venezolana, los sospechosos no pueden ser mantenidos en custodia por más de dos años sin juicio y Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009.

Familiares de Afiuni sostienen la orden de mantenerla bajo arresto debe ser rescindida esta semana.

Opositores al gobierno, junto con algunos activistas de derechos humanos, dicen que el caso Afiuni demuestra la influencia del presidente Hugo Chávez sobre el sistema judicial.

El hermano mayor de la juez, Nelson Afiuni, dijo que el abogado de su hermana planea desafiar el viernes la solicitud de Ortega durante una audiencia con un juez.

Añadió que espera una decisión favorable, ya que percibe a Ortega como una aliada de Chávez, así como como alguien influyente que consigue lo que quiere de jueces condescendientes.

"Ellos van a apelar", dijo el hermano de la jueza durante una entrevista telefónica después de conocer el anuncio de Ortega. "No tenemos mucha esperanza, porque los jueces en este prejuiciado sistema de justicia le conceden a los fiscales que soliciten".

Afiuni enfureció a Chávez cuando dispuso la excarcelación del banquero Eligio Cedeño, quien estuvo encarcelado por casi tres años a la espera de un juicio por un caso de entrega irregular de dólares a una empresa de computación.

Un día después de su arresto el 10 de diciembre del 2009, Chávez declaró por la televisión nacional que había hablado de la decisión de Afiuni con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y que era un caso de corrupción. "Habrá que meterle pena máxima a esta jueza, y a los que hagan eso. ¡30 años de prisión!", manifestó.

Los adversarios de Chávez consideran eso como una prueba fehaciente de que el gobernante presiona al sistema judicial. Chávez, por su parte, insiste en que todo lo que hizo en sus casi 13 años de gobierno ha sido legal y que los jueces y fiscales son totalmente independientes.

Activistas de derechos humanos sostienen que Afiuni está siendo procesada por una decisión rutinaria y por el hecho que Chávez intervino.

Amnistía Internacional, junto con varios grupos de derechos humanos de Venezuela, exige su liberación.