El Estado colombiano fue hallado responsable del asesinato de dos hombres hace 19 años en el noroeste del país y, en consecuencia, fue condenado por una alta corte del país a pagarles más de 235.000 dólares a los familiares de las víctimas, se informó el miércoles.

También se ordenó --bajo el mismo argumento de haber sufrido perjuicios morales-- el pago de indemnizaciones a otros dos hombres sobrevivientes y a sus familiares por unos 52.500 dólares.

La condena fue la más reciente de una seguidilla de fallos condenatorios al Estado y que implican el pago de miles de dólares en indemnizaciones.

El Consejo de Estado, una de las altas cuatro cortes de la justicia colombiana, concluyó que seis policías asesinaron a tiros el 15 de agosto de 1992 a John Freddy Arenas y a Luis Fernando Hernández, dos jóvenes de Medellín, en el departamento de Antioquia y a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.

En el fallo de 40 páginas, el alto tribunal ordenó a la Fiscalía General reabrir el caso por las muertes de los dos hombres toda vez que según dijo se trató de un acto de violación a los derechos humanos y, por ende, de un delito de lesa humanidad que no prescribe.

Con el fallo, los seis policías deberán ser juzgados nuevamente.

El caso de los dos jóvenes y las lesiones a otros dos había sido asumido en los años 90 por jueces del sistema penal militar, instancia que tras varios años decidió archivar el proceso.

En la sentencia, del 26 de octubre pero notificada a las partes hasta esta semana, el Consejo de Estado relató que Arenas y Hernández, en compañía de Luis Felipe Rendón y Deison Alberto Rodríguez, se movilizaban aquella noche de agosto de 1992 hacia un establecimiento público en dos motocicletas cuando fueron interceptados por seis policías.

Los uniformados "obligaron (a los cuatro hombres) a colocarse contra la pared de una construcción, los golpearon, les quitaron los cordones de los zapatos para amarrar con ellos sus manos por la espalda y les dijeron que serían conducidos" a una inspección de Policía, según el fallo, una copia del cual obtuvo la AP.

En el camino, Rodríguez le dijo a Rendón que los iban a asesinar y, aprovechando que una de las motos se varó, golpeó a uno de los policías y se echó a rodar por entre matorrales.

Pero Arenas y Hernández "fueron baleados", narró la magistrada Stella Conto, del Consejo de Estado. Rendón logró escapar aunque con seis heridas de bala disparadas por los agentes a distancia.

"Ellos fueron ejecutados extrajudicialmente", observó en entrevista telefónica Javier Villegas, abogado de las familias de los dos muertos y de los dos sobrevivientes.

"El caso quedó en la total impunidad", dijo.

Villegas recordó que "en el Medellín de 1992 todo el que se montaba en una moto se presumía sicario", pues era la época "de la persecución de las autoridades a Pablo Escobar", el barón de las drogas del cartel de Medellín abatido en 1993 y que tenía a su servicio a decenas de pistoleros.

El Consejo de Estado también ordenó que las autoridades ofrezcan disculpas públicas a los allegados de los muertos y sobrevivientes "por la violación a los derechos humanos de que fueron víctimas".