La Sociedad Interamericana de Prensa presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia formal por los asesinatos impunes de dos periodistas colombianos cuyos procesos judiciales prescribieron este año.

Se trata de los casos de Julio Chaparro y Jorge Torres, que no pudieron ser esclarecidos por las autoridades colombianas en 20 años, desde que fueron asesinados, dijo la SIP el martes.

La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue presentada el 2 de diciembre.

Chaparro y Torres fueron asesinados el 24 de abril de 1991 en Segovia, municipio del departamento colombiano de Antioquia, a donde habían llegado como enviados del diario El Espectador para documentar las secuelas de una masacre que había dejado como saldo 43 muertos allí dos años antes.

Chaparro era un periodista de 29 años; mientras que Torres era un reportero gráfico de 39.

La SIP dijo que las investigaciones periodísticas realizadas en Colombia por su Unidad de Respuesta Rápida fueron sometidas a la CIHD para que el sistema de justicia interamericano inste al estado a poner fin a la impunidad de esos crímenes.

"Confiamos que con la mediación de la CIDH se logre un buen diálogo, a fin de hacer justicia y se repare moralmente la figura de las víctimas, a sus familiares y colegas", expresó Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, en un comunicado de prensa.

Ealy Ortiz, quien es presidente del diario mexicano El Universal, aseguró que la resolución de los casos de Chaparro y Torres "sentaría un importante precedente para que ningún crimen quede impune en Colombia".

No es la primera que organismos de prensa denuncian la prescripción de acciones judiciales por casos de periodistas en Colombia.

En la nación sudamericana, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por ejemplo, denunció en septiembre que la investigación por el asesinato hace 20 años del periodista Arsenio Hoyos prescribió y que, por tanto, la justicia ya no podrá continuar el proceso contra los eventuales responsables.

Hoyos fue asesinado el 13 de septiembre de 1991 en el municipio de Granada, departamento de Meta, a 130 kilómetros al sur de Bogotá.

La FLIP alertó a la Fiscalía General sobre la eventual prescripción del caso Hoyos sin que ello provocara una respuesta oficial.

"La impunidad es el incentivo que tienen los agresores para seguir atacando periodistas", según ha dicho la FLIP.

Los homicidios de Chaparro y Torres prescribieron después de un plazo legal de 20 años, dijo la SIP.

De acuerdo con la SIP, en ambos casos fueron transgredidos varios artículos contemplados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Además, indicó la entidad que agrupa a más de 1.300 publicaciones del continente americano, fueron quebrantadas garantías fundamentales a familiares y colegas de las víctimas, al negárseles el derecho a conocer la verdad y garantizarles justicia.

La FLIP dijo en noviembre que Colombia ha registrado 139 asesinatos de periodistas por razones de su oficio desde 1977 hasta 2011.

De ellos, ocho casos han prescrito en manos de las autoridades judiciales este año, y otros dos, están a punto de prescribir, sumando un total de 57 casos donde la justicia ya no puede sancionar a los responsables. El 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 han quedado impunes.

La SIP ha sometido desde 1997 ante la CIDH cerca de 29 casos impunes de asesinados de periodistas en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Paraguay.

La CIDH admitió 12 de esos casos y pidió más documentación y pruebas sobre los restantes, dijo la SIP.

Con sede en Miami, la SIP está dedicada a defender y promover la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

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En Internet:

http://www.sipiapa.org; http://www.impunidad.com

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Editores: Vivian Sequera, periodista de la AP en Bogotá, contribuyó con esta información.