El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instaron el martes a El Salvador a colaborar con la justicia española en el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas perpetrado en 1989.

"El Estado (salvadoreño) debe de atender la solicitud de extradición contra 13 ex militares que el Consejo de Ministro de España realizó el pasado 2 de diciembre, y así cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", señalaron las organizaciones humanitarias en un comunicado.

Agregaron que después de 22 años "el Estado salvadoreño no ha juzgado a los responsables en sus tribunales".

Para ambos organismos, "El Salvador tiene el deber inexcusable de cooperar con el proceso iniciado en España. Esta causa representa la única esperanza visible por el momento para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia".

Recientemente España pidió la extradición de 13 militares retirados implicados en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas que conformaban la dirigencia de la UCA y sus dos empleadas.

El asesinato fue perpetrado el 16 de noviembre de 1989 por soldados durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los guerrilleros de la matanza.

Los sacerdotes jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la UCA.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

La UCA ha dado por cerrado el caso, en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.

El juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió a la Interpol a principios de agosto que emitiese alerta roja para la detención para procesar un pedido de extradición de nueve militares retirados, pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador acordó denegar el pedido.

Una fuente de la Corte Suprema de Justicia dijo a la AP que aún no reciben la solicitud oficial de extradición, la que deberá ser conocida por la Corte en pleno (por los 15 magistrados).

Pero uno de los defensores de los militares retirados dijo a la AP que, "no estamos preocupados, ya la Corte dictó sentencia sobre esto y no creemos que ahora vaya a cambiar posición, mis defendidos seguirán en libertad, no va a ser extraditados", aseguró el abogado Eduardo Cardoza.