La principal patronal venezolana, Fedecámaras, introducirá un recurso de nulidad de la polémica ley de costos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que es una norma inconstitucional, informó hoy el presidente del organismo empresarial, Jorge Botti.

"Aprobamos ejercer los recursos legales que estaban pendientes con la Ley de Costos y Precios Justos, Fedecámaras lo debe estar haciendo en los próximos dos días siempre y cuando los tribunales estén abiertos", dijo Botti a periodistas.

El presidente de la patronal dijo que la demanda se apoyará en la Constitución donde, asegura, se habla de un modelo comercial que propicia la actividad conjunta entre el sector público y privado que, a su juicio, se pierde con la nueva ley.

Asimismo, la patronal confirmó su apoyo a las empresas que han solicitado una prórroga de 15 días para tramitar la inscripción en la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), ente creado en el marco de la ley y que definió como día final para el registro el próximo miércoles 7 de diciembre.

"El lapso vence el miércoles y las empresas pedirán prórroga pues hay muchísimos problemas, son muy complicadas las formas de registro", señaló el representante de la patronal.

Botti recordó que en esta primera etapa de registro están involucradas las empresas que fabrican o distribuyen 18 productos que mantienen sus precios congelados por decisión del Gobierno de Hugo Chávez desde el pasado 22 noviembre, día en el que la ley entró en vigencia.

El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Elías Jaua, anunció a fines del mes pasado que "a partir de este momento", por decisión de la nueva Superintendencia de Precios que regulará la venta de productos al público, están congelados los precios de 18 productos hasta que se determine por las autoridades un nuevo valor máximo.

Entre los productos congelados figuran el agua natural, el zumo de fruta, cloro, jabón, lavaplatos líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y los pañales desechables.

El presidente de Fedecámaras, organismo que agrupa a más de 250 cámaras y asociaciones de comercio de todo el país, señaló que el Gobierno "no cuenta con la fuerza laboral suficiente como para procesar toda esa información".

Botti aseguró que hay "muchísima insistencia por parte del alto Gobierno" en apurar esta inscripción para utilizar el anuncio de los nuevos precios regulados como estrategia política.