La aprobación en Israel en 2011 de diversas "leyes antidemocráticas" supone una amenaza para las libertades individuales y de las minorías, denunció hoy en su resumen anual la Asociación para los Derechos Civiles de Israel (ACRI).

El "Informe de Situación de los Derechos Humanos", difundido con motivo de la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, señala el aumento de los esfuerzos de un Parlamento (Kneset) dominado por la derecha por restringir las libertades de expresión y reunión.

Entre las leyes más recientes figuran una iniciativa para limitar la financiación extranjera de las ONG y otra que pretende introducir el visto bueno del comité ministerial a la elección del presidente del Tribunal Supremo.

Otra propuesta en fase de aprobación eleva la demanda económica de compensación por difamación sin necesidad de probar que se ha resultado dañado, percibida como una herramienta para frenar las revelaciones periodísticas contra el poder.

El Parlamento israelí también aprobó este año la denominada "ley del boicot", que establece multas a quienes promuevan un boicot económico, cultural o académico a las colonias judías en territorio palestino, sus residentes o sus productos.

ACRI considera que esta iniciativa "discrimina contra quienes tienen determinadas ideas políticas y daña enormemente un medio de protesta legal, legítimo y no violento".

La ONG también critica la "ley de la Nakba" (Desastre), que penaliza la conmemoración palestina del exilio y la desposesión que supuso la creación del Estado judío en 1948, y establece multas a las autoridades locales y organismos con financiación pública que organicen eventos en recuerdo de esa fecha.

La iniciativa "causa un gran daño a la libertad de expresión política, a la libertad artística y al derecho a manifestarse", señala el documento.

ACRI también publica testimonios de intentos de silenciar a participantes en la protesta social del verano pasado, que llegó a sacar a la calle a casi medio millón de personas en un país de 7,5 millones.

Algunos fueron arrestados y liberados sólo tras prometer que "no asistirían a manifestaciones en el futuro inmediato", mientras que otros fueron convocados a "charlas" con la Policía o los servicios secretos en el interior, el Shabak.

La ONG apunta diversos casos en los que los policías incumplieron su obligación de ir identificados.

En su sección dedicada a la situación en los territorios ocupados palestinos, ACRI recuerda la vulneración que supone la prohibición de toda manifestación, la violencia con que se disuelven y la existencia de dos sistemas legales paralelos: uno para los colonos judíos y otro para los palestinos.

Además califica de "masiva" la "violación de los derechos de los sospechosos, detenidos y presos en los territorios ocupados".

Entre los escasos progresos cita una reducción en el número de "detenidos administrativos" palestinos, es decir, aquellos que son retenidos, incluso durante años, sin saber ni ellos ni sus abogados la base sobre la que se les acusa.