Las seis fuerzas políticas que integrarán el nuevo Gobierno belga han terminado hoy de dar el "sí" definitivo al acuerdo sobre el que trabajará el Ejecutivo, que debe poner fin a la prolongada crisis política del país.

Socialistas francófonos, y democristianos y liberales flamencos fueron los últimos en dar el visto bueno al pacto en congresos celebrados hoy, después de que ayer los otros tres partidos de la coalición gubernamental -socialistas flamencos y democristianos y liberales francófonos- hicieran lo mismo.

Así queda despejado el penúltimo obstáculo para que a lo largo de la próxima semana el socialista Elio Di Rupo pueda ser investido primer ministro y comience a trabajar con su nuevo gabinete.

El último escollo, que afrontarán este noche las seis fuerzas, será determinar el número de ministros y el reparto de cargos en el nuevo Gobierno.

Con un líder francófono -y con dificultades para expresarse en neerlandés- accediendo como jefe del Ejecutivo por primera vez desde 1974, los partidos flamencos reclaman que Di Rupo sea contabilizado como valón a la hora de repartir el número de ministros entre las dos grandes comunidades del país.

Legalmente, las carteras del Gobierno han de repartirse de forma paritaria entre flamencos y francófonos, con un primer ministro "asexuado" lingüísticamente.

Tradicionalmente, dado que lo habitual era tener un líder de Gobierno flamenco, siempre había en el gabinete un miembro más procedente del norte del país, con diferencia la región más poblada.

Si los negociadores logran una solución esta noche, el nuevo Gobierno estará en disposición de prestar juramento el mismo lunes y de proceder a partir del martes al voto de confianza en el Parlamento, que necesita de dos días.

Así, el nuevo Ejecutivo podría estar listo el próximo miércoles, lo que permitirá a Di Rupo participar el jueves y viernes en la cumbre de la Unión Europea (UE) que se celebra en Bruselas.

Bélgica es uno de los países bajo presión de los mercados y de sus socios del euro para tomar medidas de reducción del gasto y combatir su déficit fiscal y su elevada deuda pública.

La crisis política belga comenzó en abril de 2010, cuando la anterior coalición se rompió debido a las divergencias sobre el distrito electoral y judicial Bruselas-Halle-Vilvoorde (BHV), que agrupa a Bruselas (oficialmente bilingüe, pero con abrumadora mayoría francófona) y a los municipios flamencos de su periferia (con una importante minoría francófona).

Las elecciones de junio de 2010 no solucionaron la cuestión, ya que el ganador fue el partido nacionalista flamenco N-VA, partidario de una transición soberanista progresiva hacia la independencia de Flandes.

Sin embargo, el N-VA y su líder, el polémico Bart De Wever, supusieron un obstáculo en las negociaciones que se desarrollaron durante un año.

Finalmente, el rey Alberto II encargó en julio a Di Rupo formar Gobierno y los seis partidos citados, más los ecologistas de ambas comunidades, emprendieron en septiembre una negociación a fondo que ha ido consiguiendo acuerdos de forma sistemática, primero sobre BHV, luego sobre el aumento de las competencias y la financiación de las regiones y, finalmente, sobre el presupuesto para 2012.