El gobierno español solicitó a El Salvador y Estados Unidos la extradición de 15 militares salvadoreños acusados del asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.

El Gobierno informó el viernes en un comunicado oficial del Consejo de Ministros que emitió 13 solicitudes de extradición a las autoridades del país centroamericano y otras dos a las de Estados Unidos por delitos de asesinato, terrorismo y crímenes contra la humanidad.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pidió formalmente al Ejecutivo en noviembre que solicitara la entrega de los militares imputados en la investigación sobre el asesinato en 1989 del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, cinco de las cuales eran religiosos españoles.

El magistrado ordenó en agosto la captura de los militares debido a que ninguno acudió voluntariamente a la Audiencia Nacional como les fue solicitado.

Uno de los defensores de los militares señalados dijo que "ya estaba esperando esto, quería que lo hicieran. La extradición no procede y aquí no va a pasar nada".

El abogado Eduardo Cardoza declaró a The Associated Press que "la Corte Suprema (de Justicia de El Salvador) ya sentó jurisprudencia en el país y la extradición no procede, aquí no corren peligro, nuevamente la Corte va decir que no y que no procede".

"Mire, ellos están en el país, no pueden salir, ellos van a tener El Salvador como cárcel, pero aquí nadie los va a tocar, la Corte ya dictó sentencia sobre el caso. Nadie los puede capturar sin la autorización de la Corte", agregó Cardoza, quien es defensor de los generales retirados Juan Rafael Bustillo y Rafael Humberto Larios.

Otro de los abogados de los militares, Lizandro Quintanilla, expresó a periodistas que "en agosto, cuando trascendió que los iban a capturar, la Corte Suprema de Justicia notificó al ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional Civil, a la Interpol y también a mis defendidos que quedaban en irrestricta libertad".

La UCA ha dado por cerrado el caso en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual. De momento no hubo un pronunciamiento de esa entidad respecto a la nueva petición de los imputados.

Los militares reclamados integraban la cúpula militar cuando en el 16 de noviembre de 1989 los religiosos fueron ejecutados en su residencia por un comando del ejército salvadoreño durante una ofensiva guerrillera.

En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato de los sacerdotes españoles, encabezados por Ignacio Ellacuría, que en ese momento integraban la dirigencia de la Universidad Católica y abogaban por el diálogo como una salida política a la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Según el comunicado oficial, entre los procesados se encuentran los generales Larios, Bustillo, Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Oscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.

Montano y Cuenca viven en Estados Unidos.

La orden del juez español y las difusiones de alerta a la Policía Internacional fueron rechazadas por la justicia salvadoreña en agosto . Nueve de los militares sospechosos se entregaron en un cuartel antes de que las solicitudes de Velasco llegarán a El Salvador y quedaron bajo custodia de sus propias estructuras castrenses.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictaminó en agosto no ejecutar las órdenes de captura. "Esas notificaciones roja son de auxilio policial, pero su finalidad es solamente de búsqueda. No tenemos solicitud de detención con fines de extradición ni solicitud de extradición", dijo en esa oportunidad el magistrado Ulises de Dios Guzmán.

Cardoza aseguró a la AP que en la actualidad los militares "viven una vida normal, están en sus casas, en sus cosas cotidianas, aquí nadie los persigue, son unas personas normales que no deben nada".