El Gobierno español aprobó hoy pedir a las autoridades de El Salvador y de EEUU la extradición de quince militares salvadoreños sospechosos de participar en el asesinato del sacerdote Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas en el asalto a la Universidad Centro-Americana en 1989.

La aprobación por el Consejo de Ministros da curso a la solicitud del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.

Trece de las extradiciones se solicitarán a las autoridades de El Salvador y otras dos a Estados Unidos, por delitos de asesinato, terrorismo y crímenes contra la humanidad.

Los hechos que investiga la Justicia española tuvieron lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes, los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró y el salvadoreño Joaquín López y López.

También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

España solicitará a El Salvador la extradición de los generales Rafael Humberto Larios -entonces ministro de Defensa- y Juan Rafael Bustillo -excomandante de la Fuerza Aérea salvadoreña-, además de los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo Oscar Mariano Amaya.

También pedirá al país centroamericano la extradición de los coroneles Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares, así como de los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y del cabo Óscar Mariano Guzmán.

El Ejecutivo español solicitará a Estados Unidos la extradición del coronel Inocente Orlando Montano y del teniente Héctor Ulises Cuenca.

Nueve de los militares se entregaron el pasado 7 de agosto en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, y fueron puestos a disposición de un Juzgado de esa ciudad.

Sin embargo, diecisiete días después la Corte Suprema de Justicia salvadoreña les puso en libertad al estimar que las órdenes de detención no eran efectivas mientras España no pidiera la extradición.