La Fiscalía General pidió investigar por fraude y falsa denuncia a por lo menos cuatro personas de una asociación de campesinos que por años ha reclamado la propiedad de una finca con el argumento de que fueron desplazados por paramilitares.

El caso surge en medio de la expectativa por la entrada en vigencia el 1 de enero de la llamada Ley de Víctimas y que según congresistas, aspira a compensar a lo largo de una década a unas cuatro millones de víctimas de distintos delitos desde homicidio y desaparición hasta secuestro y desplazamiento, derivados del conflicto interno colombiano.

En su decisión, la fiscal Myriam Martínez dijo que tras entrevistar a vecinos de la finca y luego de recibir en junio el testimonio de uno de los campesinos que se retractó de que hubieran sido objeto de desplazamiento, ordenó investigar a cuatro miembros de la asociación que reclamaba la finca.

La investigación es por la presunta comisión de delitos como falsa denuncia y fraude.

El fallo de Martínez, un documento de 24 páginas emitido el 11 de noviembre pero divulgado el jueves, no aclara cuál será el destino de la finca que ocupan los campesinos.

"Podemos concluir que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan considerar que nos encontramos ante la caracterización de un delito de desplazamiento forzado" de los campesinos, dijo la fiscal Martínez en su providencia, copia de la cual obtuvo la AP. "En este caso bajo estudio nos encontramos ante la presencia de un falso desplazamiento forzado...(un) montaje de falsedad", agregó la fiscal Martínez.

En un acto de condecoración de distintos funcionarios, el presidente Juan Manuel Santos felicitó en la jornada a la Fiscalía por distintas investigaciones en las que "se ha descubierto la presunta falsedad en el testimonio de algunas supuestas víctimas".

"Estas acciones son muy importantes y prenden las alarmas sobre lo cuidadosos que debemos ser en el Estado para evitar, ahora que comienza a implementarse la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que los avivatos (aprovechados) 'hagan su agosto' e impidan que los beneficios lleguen a quienes realmente deben llegar, es decir, a las verdaderas víctimas del conflicto y a los campesinos despojados", agregó el mandatario en su discurso divulgado por la casa de gobierno en su página de internet.

La ley contempla que nadie podrá recibir doble reparación y se contemplan penas de prisión de hasta 12 años para aquellos que falsifiquen información para reclamar una restitución y de hasta 20 años para los funcionarios que faciliten el registro de ese falso reclamo de tierras, según el texto.

Sin la condición de "desplazado", o alguien que fue forzado a dejar sus tierras por la acción de grupos armados ilegales, el grupo de más de 120 familias no podía exigir medidas de reparación como recibir la propiedad de la finca Las Pavas, ubicada en El Peñón, en el departamento de Bolívar, a unos 483 kilómetros al norte de Bogotá.

Eliud Alvear, miembro de la llamada Asociación Campesina de Buenos Aires (Asocab), que reclama Las Pavas y a quien la fiscal pidió investigar por fraude procesal, ratificó en diálogo telefónico la condición de desplazado de su grupo y dijo que estaban totalmente dispuestos a ser investigados.

"Nosotros sabíamos que esto iba a pasar porque es la única forma (de) que ellos (los actuales propietarios de la finca) buscan para poder dañarnos", dijo Alvear, quien además agregó que no han cometido "ninguna ilegalidad".

"Estamos aquí para que nos investiguen", dijo.

Los propietarios actuales de la finca son Tequendama S.A. y Aportes San Isidro, dos empresas productoras de palma aceitera que, de acuerdo con Asocab, adquirieron Las Pavas a mediados de esta década de manos de Jesús Emilio Escobar, descrito por la Asociación como un tío del extinto barón de las drogas Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993.

En su decisión, la fiscal general dijo que Jesús Emilio Escobar no tiene vínculos de parentesco con el mencionado capo de las drogas.

En caso de concretarse la apertura de una investigación formal y de que se formulen cargos, Alvear y otros se exponen a penas de al menos seis años de prisión por el delito de fraude.

Magistrados de altas cortes aseguraron que la decisión de la fiscal no detiene un proceso ya en curso de definición de propiedad de la tierra.

Asocab ha dicho que ellos ocuparon pacíficamente en 1996 la finca Las Pavas, de 1.223 hectáreas, ante la falta de tierras que tenían para sobrevivir.

La Asociación ha destacado que la finca estaba abandonada y sin producir y que los campesinos la volvieron productiva con cultivos de cacao y árboles para producción de madera. Pero que en 2003 y en 2006 debieron dejar dos veces la finca por amenazas, o de testaferros o de paramilitares.

En 2006 la Asociación decidió reclamar legalmente las tierras, pero en medio de un sinfín de recursos legales y apelaciones el caso aún no queda definido.