Carolina del Sur pidió a un juez federal el miércoles que rechace el pedido del gobierno federal de suspender la aplicación de la ley estatal contra la inmigración ilegal mientras dura un proceso en su contra.

La gobernadora Nikki Haley y otros funcionarios alegaron que el gobierno no puede impugnar la ley estatal porque ninguna ley federal lo autoriza.

La impugnación se centra en el requisito de que los agentes policiales intenten verificar el estatus legal de cualquier persona que sospechen se encuentra ilegalmente en el país. Los detractores dicen que esto alienta la etiquetación racial.

El Departamento de Justicia y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) quieren impedir que la ley entre en vigencia el 1 de enero. Se ha convocado a una audiencia para el 19 de diciembre.