La fiscalía que investiga la acusación contra seis chilenos imputados en el llamado "caso bombas", citó hoy a declarar al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en uno de los juicios más polémicos de la historia judicial chilena.

El "caso bombas" se refiere a la colocación desde el año 2006 de unos 160 bombas artesanales frente a empresas, bancos, iglesias y edificios públicos, que causaron varios heridos leves y un fallecido: un joven anarquista que murió en 2009 al estallar el artefacto que transportaba en una mochila una noche en el centro de Santiago.

Sin embargo, el pasado mayo, la justicia revocó la prisión preventiva para un total de catorce imputados que permanecían en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago y se "desmoronara" el argumento de la fiscalía de que existía una asociación ilícita terrorista.

Este lunes, con la presencia de los seis imputados, cuatro acusados de instalar artefactos explosivos y dos por financiar actividades terroristas, se inició el interrogatorio por el "caso bombas", un juicio que según las fuentes judiciales se podría extender por más de 40 semanas.

Según la jueza Marcela Sandoval, el prolongado juicio se debería a la gran cantidad de testigos y peritos presentados por la Fiscalía Sur.

De hecho, entre los citados se encuentra el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, quién se mostró dispuesto a declarar pero en la sede de su Ministerio y "con espacio para todos los asistentes".

Aunque el propio Hinzpeter señaló que declararía el próximo miércoles, la defensa de los imputados aclaró que el titular del Interior puede decidir el lugar "pero no la hora ni el día".

De hecho, para que el ministro del Interior declare en este caso, deben pasar primero todos los testigos de la fiscalía.

El pasado 25 de abril, un diputado y un sacerdote acusaron al Gobierno y a la Fiscalía de tejer un montaje contra los inculpados en el "caso bombas".

En esa oportunidad, el sacerdote Alfonso Baeza llamó al Gobierno a pedir "perdón" a los jóvenes imputados "por haberlos calificado de terroristas sin haberlos juzgado, y de haber hecho un montaje fuerte para justificar todas esas medidas" carcelarias, denunció.

Por su parte, el diputado independiente Sergio Aguiló acusó al exfiscal Alejandro Peña, actual asesor del Ministerio del Interior, de ofrecer dinero a falsos informantes para inculpar a los jóvenes detenidos.