La nueva ley de Alabama contra la inmigración ilegal podría dificultar su cumplimiento en vez de ser la dura campaña que sus partidarios buscaban, dijeron el lunes abogados del Departamento de Justicia.

Los funcionarios consideran que la ley genera problemas al remover a oficiales del vital trabajo de procesar y deportar a inmigrantes con antecedentes penales.

El presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Alabama, Terry Davis, reconoció que los oficiales están presionados por múltiples tareas, particularmente con estrechos presupuestos.

Sin embargo, dijo que aplicar la ley estatal no debería entrar en conflicto con el objetivo más amplio del gobierno federal de atrapar criminales que no tienen autorización para radicar en el país.

"Puedo ver de dónde viene, pero pienso que es sólo otra herramienta para poder hacer nuestro trabajo", dijo Davis sobre la estricta nueva ley de Alabama.

"Vamos a hacer que los federales se involucren igual que como siempre lo hemos hecho. Espero que esto no cause un conflicto porque estamos juntos en esto", agregó Davis, quien es jefe de la policía en Boaz.

Joyce Vance, la principal fiscal federal en los 31 condados del norte de Alabama, dijo que las oficinas locales a las que ya se les quitaron recursos y personal están siendo obligadas a desarrollar sus propios planes para aplicar la ley estatal en lugar de concentrase en procesar y deportar a indocumentados sin permiso migratorio y que cuentan con antecedentes penales, la prioridad impuesta por la administración Obama.

Vance dijo que ella y Tom Pérez, director de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, se reunieron con autoridades para hablar de lo que ella llamó un "problema importante" en la aplicación de la ley estatal y rastrear a los inmigrantes criminales con sólo recursos ilimitados.

"En lugar de fortalecer las oportunidades para aplicar la ley migratoria, existen menos recursos de los que teníamos en el pasado. Esto generó un entorno más complicado para trabajar en ello", dijo Vance.

El departamento informó que ha recibido más de 1.000 llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico a una línea en la que la gente reporta posibles abusos bajo la ley, la cual sus partidarios dicen que busca volver imposible a los inmigrantes no autorizados vivir en Alabama.